CENTRO.- El grupo criminal conocido como La Barredora habría establecido una red de negocios ilícitos aprovechando las obras del Tren Maya, según documentos de inteligencia obtenidos por autoridades militares mexicanas. La organización operó bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien ha sido identificado como su líder.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el grupo gestionó el suministro ilegal de combustible —mejor conocido como huachicol— para abastecer las labores de construcción del megaproyecto ferroviario impulsado por el Gobierno federal. Se estima que planeaban distribuir hasta 180 mil litros de diésel semanalmente, utilizando terrenos alquilados para almacenar el hidrocarburo robado.
Las intervenciones militares revelan que miembros del grupo criminal admitieron en conversaciones su intención de aprovechar tramos del Tren Maya supervisados por un familiar de Bermúdez Requena, con el objetivo de ampliar sus operaciones. Ese familiar, Raúl Bermúdez Arreola, exfuncionario de Fonatur en Cancún, estuvo a cargo de la supervisión de los tramos 4 y 5 del proyecto. Fue destituido tras denuncias de corrupción y malos tratos laborales, además de ser conocido públicamente como “Lord Fonatur”.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó en diciembre de 2021 que Bermúdez Arreola presentó su renuncia por supuestos actos ilícitos. Entre otras acusaciones, se le vinculó con el alquiler de Villas Chackté, propiedad del Estado usada anteriormente como casa presidencial.
Un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, consultado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), confirmó la existencia de un plan para importar diésel desde Estados Unidos hacia Tabasco, con distribución a entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Campeche y Tabasco. Los precios del diésel ilegal oscilaban entre 14.50 y 16.50 pesos por litro, sin factura, según registros de conversaciones interceptadas.
Los documentos también refieren una negociación para abastecer 30 mil litros de combustible ilícito directamente a un proveedor del Tren Maya. Las operaciones incluían facturación a través de empresas fachada radicadas en Tabasco, así como el cobro de una “cuota SAT” del 25% para justificar la ausencia de documentación oficial.
Pese a la magnitud del presunto esquema de corrupción y crimen organizado, hasta el momento las autoridades federales no han confirmado detenciones vinculadas al caso.
