CDMX.- El Gobierno de México rechazó las acusaciones vertidas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al calificar el informe sobre desaparición forzada de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) omite los los avances contra desapariciones forzadas desde 2018.
Lo anterior ante la decisión del Comité de solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
En un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración federal afirmó que rechaza el informe “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”.
Destacó que el marco utilizado por el Comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.
Las instancias federales apuntaron que, si bien se hace referencia principalmente a hechos ocurridos del 2007 al 2017, es decir, durante los gobiernos del panista Felipe Calderón, y del priísta Enrique Peña Nieto, y se enfoca en sucesos relacionados con cuatro estados (Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz), su decisión “es parcial y sesgada”, además de que no considera los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo.
“Lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
Asimismo destaca que el Comité -en los párrafos 117 y 118 del documento-, reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. Señalamientos que “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
Las dependencias federales consideraron que “la falta de rigor jurídico” en la argumentación del Comité, “así como la ligereza de sus premisas”, agravada “por conflictos de interés de algunos de sus integrantes… existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
Ratificaron que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, y recordaron que en la actual administración federal se impulsó y aprobó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Derivado de ese diálogo, se aprobaron en julio pasado reformas a la ley en la materia, con herramientas y obligaciones que el Comité “no consideró debidamente”.
Entre ellas, enlistó la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte; la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la Plataforma Única de Identidad; la obligación de fiscalías especializadas estatales; el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
