SINALOA.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene sin avances la carpeta de investigación SON/HSO/0001/882/2024, relacionada con el secuestro de Ismael Zambada García y el homicidio de Héctor Melesio Cuén, sin que hasta ahora haya informado de acciones penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A más de un año de que la dependencia federal atrajo el caso, el 26 de julio de 2024, no se ha reportado la detención de presuntos implicados, pese a que el nombre del mandatario estatal ha sido mencionado en los hechos.
La controversia se intensificó el 10 de agosto de 2024, tras la difusión de una carta atribuida a Zambada, en la que señala que fue citado a una reunión en la finca “Huertos del Pedregal”, en las cercanías de Culiacán, para mediar en un conflicto entre Cuén y Rocha Moya por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
De acuerdo con ese testimonio, en ese lugar habría sido secuestrado y Cuén asesinado por personas cercanas a Joaquín Guzmán López, antes de ser trasladado a Estados Unidos.
Pese a estos señalamientos, la postura de la FGR respecto al gobernador se ha limitado a informar que sostuvo comunicación con él para recabar información, sin detallar si existió declaración ministerial o una línea de investigación formal en su contra.
Por su parte, Rocha Moya ha negado haber estado en dicho encuentro, asegurando que ese día se encontraba en Los Ángeles, California.
El caso también ha estado marcado por conflictos institucionales. El 22 de agosto de 2024, la FGR desestimó la versión de la Fiscalía de Sinaloa, que atribuía el homicidio de Cuén a un asalto, calificándola como un montaje y señalando inconsistencias en pruebas como un video con un solo disparo, frente a los cuatro impactos que recibió la víctima.
Las diferencias escalaron a nivel judicial. El 20 de octubre, la FGR responsabilizó al juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz por no emitir órdenes de aprehensión contra presuntos implicados; sin embargo, el juzgador respondió que fue la propia Fiscalía la que retiró la solicitud.
A la fecha, entre la falta de cooperación internacional para identificar a los responsables del traslado aéreo y las disputas legales internas, el caso permanece sin detenciones ni avances sustanciales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de la investigación federal.
