CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal tiene el objetivo de cerrar el caso sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En audiencia pública en Bogotá, Colombia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, afirmó que la intención del Ejecutivo mexicano es arribar a conclusiones este mismo año.
“La meta es concluir y dar respuestas que legítimamente nos demandan los padres y los mexicanos”, expresó.
Alfredo Higuera, fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el Caso Iguala, señaló que en las últimas semanas se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
En un comunicado de la PGR, emitido en conjunto con Cancillería y Gobernación, señaló que esa información confirmaría la colusión de las policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.
“Destacó (Higuera) que en las últimas semanas se ha allegado de información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante”, señaló la PGR.
Mario Patrón, director del Centro Prodh, externó su preocupación de que exista urgencia de cerrar el caso, si esto no implica dar con el paradero de los estudiantes.
Mario César González Contreras, padre del normalista César Manuel González Hernández, advirtió que hay preocupación de que el fiscal especial sea presionado para que avale lo que en enero de 2015 declaró el entonces procurador Jesús Murillo Karam, quien dijo que los normalistas estaban muertos y señaló que esa era la “verdad histórica”.
La delegación mexicana en la reunión en Bogotá fue encabezada por Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y la Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías. (Agencias)
