PLEAMAR
Por Lenin Amaro Betancourt
LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, UN ALBAZO EN MEDIO DEL PROCESO ELECTORAL
La aprobación de la nueva Ley de Asentamientos Humanos de Quintana Roo ha resultado en uno de esos tristes eventos que bien podríamos considerar un albazo, debido a que se ha aprobado en pleno proceso electoral cuando la atención de los ciudadanos y los medos de comunicación está puesta en el proceso electoral, pero además, en medio también del rechazo de diversos sectores que han advertido, no sólo que se trata de una legislación que atenta contra el interés social y ambiental, sino que resulta en la invasión de atribuciones de la esfera federal.
Desde luego que la primera organización en advertir los errores y los riesgos que representa la nueva Ley fue el Colegio de Biólogos de Quintana Roo, pero es de destacar que sus señalamientos han llamado la atención de organizaciones ambientalistas y sociales quienes tendrían mucho que decir al respecto y a quienes se les ha cancelado la posibilidad de decir algo al respecto.
Llama mucho la atención que el respaldo mediático a esta Ley se ha hecho a través del empresario Miguel Ángel Lemus Mateos, un conocido empresario de las bienes raíces con incidencia mayormente en Cancún no así al empresariado Quintanarroense quien en fechas recientes ha fijado la postura que no sólo respalda los términos de la ley, sino que además denosta, rechaza y vilipendia la postura de los biólogos sin entrar en el análisis de lo que los profesionales de ese colegio señalan.
En cuanto al punto de vista eminentemente ciudadano y a nivel empresarial en la Riviera Maya a diferencia de los Cancunenses , es de resaltar que esta nueva ley legaliza el hacinamiento en Quintana Roo al fijar en 42 metros cuadrados la medida mínima de una casa-habitación, es decir, construcciones aún menores a las ya existentes y que pasa por alto las gravísimas consecuencias de ello, es decir, problemas relacionados al rechazo que una vivienda de estas dimensiones genera.
Violaciones, violencia, sentimientos de enojo y resentimiento social son las principales consecuencias de construir en tan disminuidas dimensiones, y no lo dice quien escribe, lo dicen los profesionales y estudiosos del tema; para ellos, la medida mínima de una casa-habitación tendrían que ser 100 metros cuadrados para una familia de cinco integrantes.
Por sus características socio-económicas y poblacionales, en Quintana Roo existe el fenómeno de las casas multifamiliares, es decir, viviendas en las que habitan dos o más familias y no porque la oferta de viviendas sea insuficiente sino porque las condiciones económicas en las que llegan la mayoría de los migrantes no permite el acceso de éstos a una vivienda.
Por otro lado, las elevadas tasas de interés y el costo de las viviendas hacen cada vez más complicado la adquisición de nuevos espacios; en los hechos, tenemos miles de viviendas abandonadas, principalmente en la zona norte del estado, debido a que las altas tasas de interés provocan que quienes adquirieron créditos para vivienda se vean en la necesidad de abandonarlas por incapacidad de pago.
Estos son sólo algunos aspectos de la realidad que contrasta con la nueva Ley de Asentamientos Humanos, pero no debe ser motivo de inacción o conformismo. La nueva Ley de Participación Ciudadana permite a los ciudadanos inconformarse con este albazo, de manera organizada y dentro del margen de la ley. A las asociaciones civiles, colegios y ciudadanos en general nos queda la trascendente obligación de organizarnos, elaborar un resumen de los aspectos negativos que representa esta ley e inconformarnos.
A decir de los defensores de esta Ley, previo a su aprobación se habrían hecho las consultas necesarias, pero ello es completamente falso; sólo se simuló la realización de foros, pero no se informó adecuadamente a la ciudadanía, ni se desglosó como era de esperarse; pero está en nuestras manos hacerlo.
Seguro que estaremos convocando a los grupos ambientalistas y organizaciones civiles al análisis y a pronunciarnos en contra de esta nueva Ley, y no sólo ello, habrá que exigir mayor responsabilidad de quienes promueven y otorgan créditos para la adquisición de viviendas para que se respete el derecho que tenemos los mexicanos para acceder a una vivienda digna y accesible.
Saludos.
