CHETUMAL.- El gobernador Carlos Joaquín fortalece la política ambiental para brindar más y mejores oportunidades a la población quintanarroense garantizando la protección de su salud y los recursos naturales con la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial. Las disposiciones son de orden público y observancia obligatoria en todo el territorio.
La Ley define la política pública, los instrumentos de gestión y control ambiental, las infracciones, señalando las competencias del Estado y los Municipios en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que le Estado mexicano sea parte. Con el objetivo de regular la gestión integral de los residuos con un enfoque de economía circular.
El secretario de Ecología y Medio Ambiente Alfredo Arellano Guillermo destacó que la Ley fomenta la sustitución por productos retornables, así como la prohibición de aquellos productos que causan un impacto ambiental considerable en el Estado, de forma programada y gradual. El manejo integral de los residuos sólidos urbanos, bioresiduos, residuos de manejo especial, y residuos peligrosos de competencia local.
La prevención y evaluación ambiental de sitio de disposición final de residuos. La valorización de residuos, principios de responsabilidad compartida y extendida (principio a través del cual las personas físicas o morales se encargan de los artículos que fabrican en cada fase de su vida) de los distintos sectores.
Fomenta la implementación de esquemas de inversiones que tengan por objeto la valorización, el aprovechamiento energético de los residuos, previa evaluación del instrumento de control para un adecuado manejo integral; el control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos, así como la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Impulsa la ejecución de obras destinadas a la prevención de la contaminación por residuos; la remediación, rehabilitación y recuperación de sitios contaminados, para reducir riesgos a los ecosistemas y a la salud humana.
Da prioridad a las actuaciones tendientes a prevenir y reducir la cantidad de residuos, así como disminuir el riesgo de que puedan causar un daño a la salud humana o el ambiente; promueve instrumentos de gestión, planeación, inspección, verificación y control, que favorezcan la prevención eficiente para las actividades de gestión integral de residuos.
Además –dijo Arellano- garantiza a los ciudadanos el acceso de información sobre la acción pública en materia de prevención y manejo integral de los residuos, promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones previstas en la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos.
Permite la minimización, valorización de los residuos, el aprovechamiento energético, o en su caso, la eliminación de estos en los sitios de disposición final autorizados; la prohibición de la disposición de residuos en sitios no autorizados.
Apoya la coordinación de acciones para la remediación y rehabilitación de sitios contaminados con residuos sólidos urbanos, y residuos de manejo especial; la seguridad y trazabilidad en el manejo integral de los residuos; fomenta la inversión pública, privada o mixta para la implementación de tecnologías sostenibles, energías renovables y energías limpias que permitan la valorización y aprovechamiento energético de los residuos.
También permite la coordinación de las actividades y competencias de las distintas autoridades en materia de prevención y gestión integral de los residuos, y prevenir, reducir, sustituir, limitar o en su caso eliminar el uso de productos comerciales de difícil degradación natural, entre otros temas.
