CIUDAD DE MÉXICO.- El sector privado rechazó el martes la propuesta de la Cámara de Diputados de incrementar el pago de un par de derechos a los visitantes internacionales porque se impactaría “severamente” al sector turístico y el país perderían competitividad como destino atractivo, por lo que se pidió al Senado de la República no dar su aval.
Lo anterior, se presentaría en un momento que cifras oficiales muestran que México presenta una desaceleración en la llegada de turistas extranjeros este año, el primero sin que funcione el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Entre enero y agosto pasados visitaron el país 13.2 millones viajeros, lo que representó un aumento del 1.6% (en el mismo periodo del 2018 se incrementaron el 4.9%).
En un comunicado de prensa, los empresarios recordaron que en la minuta enviada el pasado 17 de octubre se plantea un incremento del 53% en el pago que hacen los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas (conocido como DNR), al pasar de los 588 a los 855 pesos, y por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales (DSM) del 387.7%, al incrementarse de los 77.91 a los 380 pesos.
“Con estos cambios, un turista que compre un boleto redondo a México pagará solo por derechos migratorios 1,265 pesos, 628.83 más de lo que paga en el 2019 y casi 1,000 más en comparación con las cuotas del 2013. Actualmente, en México los pasajeros pagan los impuestos, derechos y tarifas más altos del mundo, representando un promedio de 45% sobre el costo total del boleto”, se explicó.
El documento de protesta difundido ayer reúne la posición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) y del Consejo Mexicano del Transporte (CMET).
En el caso de los recursos captados del DNR, con que hasta el año pasado el 80% se destinaba a la promoción turística del país (cerca de 7,000 millones de pesos), ahora tendrán otros fines.
El pago de los derechos ahora “se destinarán en un 18% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, un 2% a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para fortalecer la capacidad institucional del organismo, así como los servicios de atención que proporciona en la materia, y el 80% restante se destinará para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal con objeto de conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, entre otros”.
Con lo anterior, además de financiar el Tren Maya, se abre la puerta para destinar recursos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
En su rechazo a la propuesta, los empresarios agregaron que desde la creación de los derechos migratorios (DNR y DSM) se etiquetaron los recursos captados para la mejora del servicio y la implementación de tecnología para tener procesos de internación migratoria ágiles y eficientes, lo cual no ha ocurrido. (FUENTE: EL ECONOMISTA)
