LA PAZ.- Las protestas no cesan en Bolivia, donde este lunes la Iglesia católica llamó a dialogar para poner fin a una crisis que se tornó más violenta tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y que suma 23 muertos en casi un mes.
Los obispos bolivianos, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, llamaron al gobierno, a los partidos políticos y a representantes de la sociedad civil a un diálogo desde la tarde de este lunes para pacificar el país.
El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos”, dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, en una conferencia de prensa.
Pesoa consideró que “celebrar elecciones transparentes (..) es el mejor camino para superar las diferencias”.
Los obispos propiciaron acercamientos desde la semana pasada entre el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez y sectores afines a Morales, quien renunció hace una semana y se asiló en México tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.
La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), que es mayoría en el Congreso, está intentando también reunir a los grupos legislativos minoritarios en una reunión “para trabajar, conversar, debatir sobre la coyuntura política” y “pacificar” el país, según anunció el domingo la diputada Betty Yañíquez.
La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusó este lunes al expresidente Morales de tratar de confrontar a los bolivianos.
Lo que está causando es una convulsión. No es el pacificador (..), nos está chantajeando”, declaró.
Desde México, el expresidente Morales deploró en Twitter: “en lugar de pacificación, (las nuevas autoridades) ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado”.
Vecinos de El Alto llamaron en tanto a cercar la ciudad vecina de La Paz desde este lunes para forzar “la renuncia inmediata” de Áñez.
En otro intento por calmar los ánimos, la presidenta interina dijo el domingo que anunciará “muy pronto” la convocatoria a nuevas elecciones “transparentes”.
Pero para esa convocatoria, su gobierno deberá ponerse de acuerdo con el partido de Morales ya que, según la Constitución, el Congreso es el encargado de elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales de octubre, que dieron la reelección a Morales, pero que él mismo anuló horas antes de renunciar.
Jean Arnault, enviado del secretario general de la ONU, y un delegado de la Unión Europea se han reunido en los últimos días con el gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz.
BLOQUEOS DE VÍAS
Las distintas invitaciones al diálogo no han acabado, sin embargo, con las protestas callejeras.
Las manifestaciones más violentas se han concentrado los últimos días en Cochabamba (centro).
Allí, campesinos cocaleros chocaron el viernes con el Ejército y la Policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas desde el estallido de la crisis.
Además, para poner más presión, seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales en Cochabamba, exigieron la noche del sábado “la renuncia de la autoproclamada” Áñez “en un plazo de 48 horas” y pidieron al Legislativo aprobar una ley “que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”.
El domingo, no obstante, el gobierno y la policía aseguraron que estaba “disminuyendo” la intensidad de las protestas en esa región afín al expresidente indígena.
Los cortes de rutas por las manifestaciones en varias regiones han comenzado, además, a generar desabastecimiento de comestibles y combustible en La Paz.
Para hacer frente a la situación, el gobierno decidió importar 100 cisternas de gasolina y diésel de Chile y Perú y envió 60 toneladas de carne y pollo a la ciudad.
Además, busca dialogar con quienes bloquean la vía que une La Paz con una importante refinería, donde instaló un cerco militar disuasivo.
POLÉMICO DECRETO
Morales usa constantemente Twitter para pronunciarse sobre lo que ocurre en su país, y el domingo denunció “delitos de lesa humanidad” que “no deben quedar en la impunidad” y que considera se han cometido en la represión de las protestas.
El exmandatario ha hecho varias veces referencia en sus tuits a un polémico decreto del gobierno interino, divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público y que fue considerado “grave” por la CIDH.
El ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, defendió el decreto el fin de semana y aseguró que “no es una licencia para matar”. (FUENTE: AFP)
