BOLIVIA.- Se crearon 68 mil cuentas en Twitter en apoyo al gobierno de facto en Bolivia, reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El uso de miles de cuentas falsas en Twitter desde la renuncia a la Presidencia de Evo Morales fue parte de la campaña de apoyo al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, así como al gobierno interino de Jeanine Añez.
La CIDH hizo público su informe sobre la visita de observación a Bolivia que llevó a cabo a finales de noviembre y que publicó el pasado 10 de noviembre.
Hashtags utilizados como parte de la campaña
El organismo sostuvo que alrededor de 68 mil cuentas creadas compartieron 14 hashtags que habrían sido compartidas por 252 mil 90 cuentas diferentes, que realizaron un millón 48 mil 575 tuits del 9 al 17 de noviembre.
La CIDH dijo que algunos de los hashtags de Twitter que usaron en la campaña son:
#BoliviaLibreyDemocratica.
#NoHayGolpeEnBolivia.
#EvoEsFraude.
#BoliviaUnida.
Amenazas a periodistas por parte de grupos de choque
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos además señaló las denuncias de periodistas independientes y comunitarios quienes por la ausencia de medios de comunicación nacional en la cobertura de los conflictos, decidieron reportar a través de redes sociales y blogs.
Los comunicadores habrían sido amenazados de muerte y amedrentamiento por parte de grupos privados de choque, como los así denominados “Resistencia Juvenil Cochala”.
En este sentido, la CIDH recuerda a Bolivia que el rol de la prensa en una sociedad democrática es fundamental, sobre todo en situaciones de alta tensión social y violencia.
Importante el papel de la prensa
Para el organismo internacional el ejercicio de la profesión periodística es una forma de denunciar violaciones de los derechos humanos y garantizar la dimensión colectiva de la libertad de expresión, esto es, el derecho de la sociedad como un todo a estar informada.
Además, destaca la importancia del papel de la prensa en el curso de las protestas sociales.
Ante ello, la CIDH considera que el Estado debe garantizar que los comunicadores puedan ejercer su labor periodística sin que sean objeto de detenciones, amenazas, agresiones o limitaciones en cualquier forma. (FUENTE; AGENCIAS)
