CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Energía (Sener) no cejó en su empuje por lanzar una nueva política pública que pretende hacer un cerco total a las energías renovables y dar nuevos poderes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para intervenir en el mercado eléctrico.
La dependencia que dirige Rocío Nahle publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) vespertino del viernes la nueva política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), un instrumento dirigido a limitar el ingreso de plantas solares y eólicas.
“Esta Política contribuirá en la Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del SEN, considerando la evolución productiva y tecnológica, así como el aumento ordenado de la generación con Energía Limpia Intermitente conectada y no conectada al SEN, supervisada por el Estado, a través de la Sener”, dice esta política en su capítulo II.
Sener intentó que este acuerdo se publicara desde inicios de esta semana, pero recibió la negativa del DOF y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que se negaron a lanzar el acuerdo debido a que iba a generar costos al mercado.
“Dado que se identifican probables costos de cumplimiento, el Acuerdo en comento (en opinión de la Conamer) debería sujetarse al procedimiento de mejora regulatoria a través de un Análisis de Impacto Regulatorio y cumplir adicionalmente con plazos y obligaciones previstas en la LGMR (Ley General de Mejora Regulatoria)”, había contestado la dependencia este martes, luego de una consulta hecha por Sener a Conamer y DOF para la publicación de este acuerdo en carácter de urgente, a lo que ambas dependencias se habían negado.
Pero Sener siguió en su esfuerzo por publicarlo, argumentando que era de suma importancia debido a las intermitencias que este tipo de centrales habían generado al sistema por la caída en la demanda derivada de la contingencia santiaria por la COVID-19.
Sener había publicado en la tarde de este viernes el acuerdo en el portal de Conamer, dependencia que dirigía hasta hace unas horas César Hernández, quien esta misma tarde anunció su renuncia al organismo a través de un mensaje por Twitter.
El DOF publicó la noche de este viernes esta política pública, la misma que hace unos días había rechazada porque aún no había pasado el tamiz del proceso de mejora regulatoria. El sector teme que sus efectos no sólo se limiten a las renovables, sino a todo el parque de centrales con inversión de la iniciativa privada, según comentaron analistas y empresarios del sector a Expansión.
Los países de la Unión Europea y Canadá alertaron este viernes también sobre los cambios en las leyes y políticas impulsadas desde la Secretaría de Energía significan un riesgo contra las inversiones de las empresas de sus países en el sector de las energías renovables, pero las misivas aún no incluían la publicación de esta nueva política de confiabilidad.
El documento incluye un apartado para explicar el nuevo papel “proactivo” que tendrá la CFE en temas de distribución y transporte de electricidad.
“Basicamente, el documento busca darle el control de todo a CFE, de la planeación incluso, y darle prioridad al despacho por confiabilidad, sobre el asunto económico”, dice Víctor Ramírez, vocero de La Plataforma México, Clima y Energía.
El numeral 10 de esta propuesta de política se refiere a las limitantes que encontrarán las plantas solares y eólicas para iniciar operaciones o inyectar su electricidad al sistema, supeditada a estudios para conocer la congestión de las redes en las zonas donde pretendan instalarse.
“Jurídicamente, parece que se intenta anteponer el objetivo de la confiabilidad del sistema por encima de cualquier otro objetivo de la industria eléctrica. Y eso puede ser cuestionable desde un punto de vista legal y de mercado. Además supedita la expedición de permisos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía) a este ordenamiento”, dice Daniel Salomón, asociado del despacho González Clavillo.
La política también alcanza a la generación distribuida, es decir, a los pequeños proyectos destinados a inyectar la electricidad que generan en el mismo lugar donde la producen, y los obliga a una coordinación con el CENACE.
El numeral cinco habla sobre las restricciones para el otorgamiento de permisos por parte del regulador del sector, la CRE, supeditados a la anuencia de la Comisión Federal de Electricidad, que opinará si existe o no capacidad para agregar a otro suministrador en alguna parte del sistema.
“La confiabilidad, si bien tienen que ver algo las tecnologías, no se planifica a mediano y largo plazo restringiendo la competencia (…) van a permitir que CFE sea selectivo, y no consideran en absoluto al usuario final”, dice una fuente que habló bajo condición de anonimato.
El sector de las renovables se encuentra enfrentando en los tribunales con el gobierno desde el año pasado cuando las autoridades modificaron las reglas para el otorgamiento de certificados de energías limpias (CEL); y el acuerdo del CENACE publicado a inicios del mes también ha levantado las críticas de las empresas de este mercado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también canceló las subastas de largo plazo que durante el sexenio pasado permitieron el crecimiento exponencial de estas dos tecnologías. (Agencias)
