La decisión del presidente López Obrador de permitir que empresarios y gobiernos estatales importen la vacuna contra el COVID-19, ayudará gigantescamente.
Como está ocurriendo en los países con acceso temprano al biológico, va a permitir una más pronta inmunización masiva y la recuperación de una normalidad con el virus bajo control.
Eso es fundamental, más allá del pleito del paisano contra Loret y Twitter, y del aberrante y absurdo gasto de los partidos en precampañas. México está teniendo en los últimos días más de 1,500 muertos y 20 mil nuevos contagios, lo que además de una tragedia en términos de pérdida de vidas está también terminando de hundir a la economía.
Los restaurantes y comercios se encuentran en agonía: “O abrimos o morimos”, advirtieron los propietarios de los comederos del área metropolitana de la CDMX -23 mil han tronado ya-, y reabrieron ignorando prohibiciones.
Fox no es de ellos, pero “difícilmente” -según él- tiene para comer.
Se acabaron los ahorros, y no reciben apoyos: lo único que queda es desaparecer.
Y así la República entera.
Sin embargo, estamos entre las contadas naciones que en el jaloneo inicial son consideradas por las farmacéuticas, lo que reconoció AMLO al decir que recibimos “atención especial” por buenas relaciones con pueblos y gobiernos (punto para Ebrard).
México trabaja a marchas forzadas en la vacunación -no es fácil, dado los obstáculos monumentales que plantea la logística y las características de las inyecciones; la de Pfizer requiere refrigeración a 70 grados bajo cero-, y esta semana habrá inmunizado a todo el personal de salud de instituciones públicas y privadas.
El plan es que en febrero se empiece a vacunar a las personas de la tercera edad. No hay tiempo que perder, para frenar la alta incidencia de defunciones por COVID, y la ruina económica, con cientos de miles de empleos y de Pymes perdidos.
Abrir la importación se asumió como asunto de vida o muerte.
