CANCÚN.- El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de
la Fiscalía de Quintana Roo) que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.
Información de inteligencia obtenida por MILENIO apunta a que en esta red de protección estaban los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como a diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.
En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en Ciudad de México René Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos de Tudor.
Se señala que a través de varios colaboradores, Bejarano usó Morena e, incluso, actuó con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento.
De acuerdo con un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, El Tiburón, también conocido como Rechinu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países. El centro de sus operaciones es Cancún.
La presencia de políticos de todos los partidos sobresale en la red de contactos del capo rumano. Del Partido del Trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos, y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República de 2006 a 2011.
Asimismo, al menos dos ex alcaldes de Cancún están en la mira de las autoridades federales. Es el caso del ex presidente de Benito Juárez y diputado federal por Quintana Roo, Roberto Estrada Barba, de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, y Greg Sánchez, presidente municipal entre 2008 y 2010, y quien, de acuerdo con el informe al que MILENIO tuvo acceso, “es acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares”.
El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.
El ex gobernador priista fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Durante su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos.
Después, Roberto Borge, ex mandatario ya preso, dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones.
A la par de las conexiones políticas, el gabinete de seguridad tiene documentada la existencia de un aparato de funcionarios de la fiscalía quintanarroense y policías locales que ayudaron en la protección al capo rumano.
Entre estos se encuentra Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo y detenido en 2019 en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo.
Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo inmobiliarios. La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún-Rumania el tráfico ilícito de sustancias y la trata con fines de explotación sexual.
También, Jesús Aíza Kaluf, El Sirio, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en 2014. Actualmente, conforme a las investigaciones de inteligencia del gabinete de seguridad, es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio.
A partir del 29 de octubre de 2020, el gabinete de seguridad acordó reforzar la investigación contra esta red, con lo que se logró que la Unidad de Hacienda congelara la semana pasada 79 cuentas, entre las que se encuentran las del rumano Florian Tudor, sus empresas y operadores financieros. (Fuente: Milenio)
