QUINTANA ROO.- La Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notificó que removió a Selina Haidé Avante Juárez, Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, quien exoneró al empresario Kamel Nacif Borge.
Este personaje es uno de los acusados por la tortura de la periodista Lydia Cacho, ocurrida el 16 y 17 de diciembre del 2005.
“Primero. Se acuerda el cambio de adscripción de la Magistrada Selina Aidé Avante Juárez, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en lugar del Magistrado Adrián Avendaño Constantino, con efecto a partir del 16 de septiembre de 2021”, se dio a conocer.
La Magistrada Avante Juárez podría ser investigada por permitir la liberación del empresario Kamel Nacif Borge, uno de los acusados por la tortura de Lydia Cacho en 2005.
“Tenemos la evidencia. Por posible corrupción indagan a tribunal que exoneró a Kamel Nacif. El empresario que orquestó mi tortura para proteger a una red de trata de niñas y pornografía infantil junto al Gobernador Mario Marín”, escribió Cacho este martes en su cuenta de Twitter.
Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgara un amparo a Nacif, la periodista Cacho solicitó al CJF una comisión de disciplina para investigar y sancionar a la Magistrada.
A su vez, la ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron al Gobierno mexicano «el pleno esclarecimiento de las agresiones» contra la periodista Lydia Cacho.
“La impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo afecta a la periodista y a sus familiares, (sino que) favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, denunció la ONU.
Las agencias de Naciones Unidas señalaron que México debe cumplir con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que el Estado mexicano violó el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación.
