CHETUMAL.- En bloque, diputados locales de Morena, PVEM, PT y MAS presentaron este día la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en Quintana Roo, para beneficio de personas detenidas o prófugas por delitos del fuero común.
En conferencia de prensa, el legislador Edgar Gasca, recordó que el pasado 22 de abril de 2020 se decretó a nivel federal una ley similar a favor de sentenciados por tribunales de ese nivel, y destacó, que Quintana Roo sería la quinta entidad en sumarse a este movimiento en el país.
Por su parte, José Luis Guillén, del MAS, destacó que la iniciativa incluirá el aborto en cualquiera de sus modalidades en el Código Penal, y explicó el significado de amnistía.
“Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española amnistía es el perdón de cierto tipos de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores, eso para que quede muy preciso”, apuntó.
En tanto, el congresista por el PT, Hernán Villatoro, dio detalles del procedimiento a seguir.
“Será subida a la lectura del pleno, será asignada a comisiones determinadas y entiendo que una vez que se mande a comisiones estaremos en condiciones de poder invitar a diferentes actores que vengan también a verter sus puntos de vista que enriquezcan esta iniciativa, de tal modo que la sociedad quintanarroense se sienta representada”, aseveró.
Nuevamente, durante su participación, Edgar Gasca, añadió que la propuesta será turnada a comisiones la próxima semana e iba firmada por 15 diputados.
“La persona interesada, su defensa podrá solicitar ante la jueza o juez competente la aplicación de la amnistía, también la va poder solicitar o podrán ser presentada dichas solicitudes por personas que tengan relación de parentesco con el interesado o bien por organizaciones u organismos públicos defensores de derechos humanos debidamente registrados y sin fines de lucro”, explicó.
Agregó que la autoridad jurisdiccional tendrá un plazo de tres días hábiles para admitir la solicitud, desecharla o dictaminar la previsión correspondiente, y posteriormente, en un plazo de 90 días, la jueza o juez determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud.
