CHETUMAL.- Por carecer de fundamentos y de ser sacado “al vapor” un grupo de motorrepartidores se pronucniaron en contra del cobro de permisos que pretende imponer el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, razón por la que ya han ingresado su propia iniciativa para la regulación de este sector, pero con bases legales.
Fernando Malo Ruvalcaba, asesor jurídico de los motorrepartidores en la capital del estado, aclaró que no están en contra del pago del permiso que se pretende cobrar a los trabajadores de este servicio, pero sí de la formas de cómo se quiere imponer.
“Es una obligación a la que no se niega el sector a cumplir, pero en este momento dicha tributación no tiene fundamento”, destacó en entrevista, al tiempo que pidió una “una clara fundamentación legal que obligue a cumplir con las tributaciones correspondientes”.
Dijo que inicialmente se mencionó que sería un pago por concepto de permisos, sin mayor explicación, y después, para intentar aminorar los efectos negativos, se replanteó que sería una cuota de recuperación y que el recurso será destinado para adquirir los insumos para la expedición de los permisos y otras cuestiones administrativas, lo que ha generó confusión sobre la intención final.
“No ha habido convocatoria pública oficial de parte del Instituto al diálogo con el sector. Las declaraciones públicas no son el medio para ese efecto”, aseveró Malo Ruvalcaba.
Agregó que ya fueron informados sobre la intención de detener vehículos ante la omisión del pago, situación que, lamentó, atentaría con economía de las familias.
Enfatizó que están a favor de la regularización, de tener un control de este servicio y de ser incluidos en una clasificación en la Ley para adquirir obligaciones y derechos.
“¡Cómo vamos a estar en contra de una regularización, si nosotros estamos presentando una iniciativa al Congreso del Estado para ser contemplados!”, finalizó. “Precisamente, para que de este análisis pueda haber una congruencia regulativa y no sea al vapor”.
