PLAYA DEL CARMEN.- De cada 10 mujeres que enfrentan un proceso familiar, ocho no adquieren pensión alimenticia en favor de sus hijos, muestra clara de la necesidad de crear un padrón de deudores en esta materia, para que sus bienes puedan ser inmovilizados hasta que no cumplan con esta obligación.
Lo anterior lo afirmó Ariadne Song Anguas, integrante del Colectivo Xtabay y de la Red Feminista Quintanarroense, quien explicó que para lograr este padrón, necesitan una reforma al Código Penal del estado, para que Quintana Roo se convierta así en la entidad número 17 a nivel nacional en contar con esta herramienta judicial.
En entrevista, la activista feminista agregó que este padrón fungirá a su vez como una base de datos, cuyos deudores serán integrados de acuerdo con la información que llegara a proporcionar en su momento los juzgados familiares del Poder Judicial.
Agregó que este padrón ayudará a combatir la grave situación que enfrentan las mujeres y niños del estado, debido a los recovecos legales que le han facilitado a los deudores alimentarios escapar del pago de esta pensión.
“Muchas veces los deudores dicen que no tienen recursos o renuncian al trabajo, o declaran mucho menos de lo que tienen, y entonces los jueces no aplican la pensión alimenticia provisional del 40 por ciento”, apuntó.
De acuerdo con Song Anguas, todo pareciera indicar que los deudores alimentarios cuentan con “manual” para evitar está obligación, pues, en muchas ocasiones, llegan incluso a solapar a los encargados de Recursos Humanos de sus centros de trabajo, para que oculten cualquier bono o prestación adquirida.
“Y desafortunadamente la fiscalía, al no contar con el personal suficiente en el área de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, muchas veces deja de verificar estas posibles anomalías, y entonces no se da el debido seguimiento”, recalcó.
En ese tema, Song Anguas agregó que otro factor determinante en esta problemática ha sido el modus operandi de muchos abogados, quienes muchas veces hacen uso de los “recovecos en la ley” para que sus clientes queden absueltos de esta obligación.
Al respecto, agregó que una de las iniciativas que tiene el Colectivo Xtabay es impulsar una ley que permita que todos los colegios de abogados y asociaciones civiles sean, cada cierto tiempo, regulados para evitar estas malas prácticas.
“Que cada abogado que preste su servicio tenga que certificarse en este tema, a pesar de tener título, y demostrar con ello que está capacitado y actualizado en materia familiar, como sucede con los doctores e ingenieros”, concluyó.
