CHETUMAL.- Flor Ruiz Cosío, secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, aseguró que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no le ha entregado toma de nota a Roberto Poot Vázquez como líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTAGE), debido a que aún no se resuelve los amparos pendientes que tiene desde el 2020. Eso significa que el pasado proceso en que fue reelecto carece de validez.
“Dos veces, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje ha desechado su toma de nota por incumplir con los requisitos. Y esto se ratificó en el 2020. Por ello, no puede organizar una elección”, destacó esta mañana la funcionaria estatal, en entrevista, previo a su comparecencia en el Congreso local.
En ese sentido, apuntó que, al ser una autoridad, está obligada a respetar el debido proceso, en lo que se pronuncia el órgano jurisdiccional sobre los amparos de Roberto Poot.
Pese que él, por tanto, carece de representatividad, Ruiz Cosío reveló que en días pasados se reunió con Poot Vázquez y dos líderes sindicales, para hablar de las condiciones laborales de los trabajadores estatales y posibles aumentos salariales.
Al ser cuestionada por incluir a Poot Vázquez en esta reunión al no ser un líder sindical reconocido, agregó que esto se realizó “como una forma de respetarle el derecho de audiencia que se le debe dar a cualquier ciudadano que así lo solicite”.
Finalmente, acerca de la investigación por presuntos actos de corrupción que podría enfrentar Roberto Poot, y que fue ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera en días pasados, Ruíz Cosío señaló que no tenía información al respecto.
Agregó que solo por las notas de la prensa pudo conocer los señalamientos en contra del exdirigente sindical y su desconocimiento desde el año 2020, aunque destacó que ya se realiza, a nivel local, la investigación correspondiente.
Apuntó que, en caso de encontrar alguna irregularidad en contra de Poot Vázquez, se podría solicitar la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Contraloría.
