CHETUMAL.- Esta mañana, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno del Gobierno del Estado, acompañada de Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Movilidad estatal, la que ya norma la operación de plataformas digitales de transporte y que además incluye un fondo para costear la modernización de taxis, así como mejoras a las vialidades.
Los funcionarios estatales fueron recibidos y acompañados a la oficialía de partes por varios diputados locales, encabezados por José María Chachón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad.
Esta iniciativa de ley fue elaborada en mesas de trabajo con representantes de las plataformas digitales, de sindicatos de taxistas, diputados y autoridades estatales. Su llegada al Poder Legislativo ocurre apenas un día después que la XVII Legislatura aprobara la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
En entrevista, Cristina Torres Gómez comentó que si la ley es aprobada, sentará las bases para la operación de taxistas y socios de plataformas digitales de transporte “de manera armónica”. Su entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, que es cuando iniciará un periodo de 180 días para que el Instituto de Movilidad emita su respectivo reglamento.
“Los requisitos son idénticos para concesionarios y usuarios de plataformas”, destacó la secretaria.
Esto significa que las plataformas (como Uber) tendrán que responder a una convocatoria emitida por el Instituto de Movilidad, que le asignará cierto número limitado de permisos para igual número de operadores.
Una vez que se den las inscripciones de las plataformas y de sus operadores, vendrá la conformación de un fondo, que recibirá aportaciones de las plataformas de transporte y que será manejado por un consejo integrado por las autoridades del ramo y representantes de estas plataformas y de los sindicatos de taxistas.
El dinero que se recaude en esta fondo será utilizado para modernizar unidades de transporte público, así como costear tecnologías como GPS, cámaras, botones de pánico, por mencionar algunos aditamentos, comentó la funcionaria.
Cuestionada sobre la implementación de taxímetros, prometida en esta iniciativa de ley, la secretaria señaló que existirá un plazo de dos años para su adopción por los distintos sindicatos de taxistas, de acuerdo a un esquema y calendarización a ser acordado por el Instituto de Movilidad.
Cuestionada si con esto se pondrán fin a las agresiones por parte de taxistas a operadores de Uber, Torres Gómez señaló que eso es el objetivo, aunque de todas formas exhortó a quienes sufran una agresión a que interpongan su denuncia.
