TULUM.- Miembros del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano hicieron este domingo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para cambiar urgentemente su estrategia de seguridad.
Lo anterior, luego del ataque armado que ocurrió el viernes pasado en el restaurante Taboo de Tulum.
Lo anterior fue dado a conocer mediante un documento que está dirigido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, al fiscal general del estado Raciel López Salazar y al presidente Municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo.
En el documento detallan que la ola de violencia que vive este municipio los orilla “a hacer un llamado de atención urgente para reevaluar y en su caso fortalecer las medidas de supervisión y control de las normas que rigen el funcionamiento de los establecimientos ubicados en nuestra localidad “.
Los firmantes, que son el presidente del Consejo Hotelero, Antonio Chaves Palomo y el vicepresidente del Consejo y presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, expresaron además que, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades municipales, con la limitación de operación de bares durante la noche, los hechos delictivos y violentos continúan, ahora a plena luz del día.
“La tranquilidad y el descanso que define a Tulum se ven amenazados no solo por la operación inadecuada de algunos establecimientos que violan la ley, sino también por el incumplimiento de los límites de decibeles establecidos en las normas. Estas prácticas nocivas deben enfrentarse con medidas firmes y definitivas orientadas a preservar la esencia de nuestro destino”, señalaron.
Propusieron cuatro acciones; la primera de ellas “implementar sanciones severas, ejemplares y efectivas contra los establecimientos que violen reiteradamente las normativas de funcionamiento, incluyendo la posibilidad de clausurar permanentemente aquellos que muestren prácticas perjudiciales para la comunidad y el entorno de Tulum”.
También solicitaron establecer “mecanismos legales claros y eficaces” que impidan la reapertura de aquellos establecimientos que hayan sido clausurados parcial o totalmente por causar daños a la comunidad y al entorno natural y cultural.
La tercera acción que exigieron fue reforzar la supervisión y control sobre el cumplimiento de los límites de decibeles, tanto en el horario diurno como nocturno, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento reiterado a dichas disposiciones.
Finalmente, pidieron a las autoridades garantizar la seguridad pública a través de la implementación de mecanismos de vigilancia y supervisión en todo momento, haciendo énfasis en los horarios que se extienden más allá del horario nocturno.
