CANCÚN.- El ex gobernador de Morelos y candidato a diputado federal por la alianza Fuerza y Corazón por México, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramirez, ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso), de Cancún, acusado por el delito de violencia familiar.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que, “tras el cambio de medidas cautelares concedidas por una Jueza de Control, Sergio “N”, quien se encontraba bajo resguardo domiciliario por seis meses en su vivienda de Cuernavaca, Morelos, ingresó este día al Centro de Reinserción Social (Cereso) de este municipio en Quintana Roo, para cumplir dicha decisión judicial.
Agentes de Investigación de este organismo autónomo en Quintana Roo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos, cumplimentaron la orden de cambio de medidas cautelares en contra de Sergio “N”, por su probable participación en el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, en agravio de una víctima de identidad reservada.
Cabe señalar que el imputado fue vinculado a proceso el 8 de mayo, por un Juez de Control de Cancún, Quintana Roo, por hechos que ocurrieron el 27 de noviembre de 2021, cuando el acusado y su entonces pareja sentimental, originaria de la Ciudad de México, permanecían en este destino turístico, por un viaje de negocios.
Ambos estaban en un restaurante, donde el investigado agredió físicamente a la mujer, por lo que ella salió del lugar seguida por este, quien continuó agrediéndola.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, le fue fijada a Sergio “N” la medida cautelar de resguardo domiciliario en su vivienda localizada en Cuernavaca, Morelos, y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima de manera directa o indirecta.
El 23 de mayo del presente año, en audiencia de revisión de medidas cautelares, la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género demostró que el imputado se encontraba incumpliendo estas decisiones judiciales de carácter temporal, toda vez que el señalado siguió revictimizando, desacreditando y amenazando a la víctima por redes sociales, poniendo en riesgo su integridad personal.
Así también, se acreditó que el resguardo domiciliario no era suficiente para garantizar la seguridad de la víctima, ya que la autoridad de vigilancia en Morelos manifestó su imposibilidad material para dar cumplimiento total a esta medida.
