CANCÚN.- Luego de que el Juez de Control analizara los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Extorsión y Secuestro, tres personas del sexo masculino quedaron vinculadas a proceso, por su posible participación en hechos probablemente constitutivos del de delito extorsión, en agracio de una víctima de identidad reservada.
Los ahora imputados son Ricardo “N”, Javier “N” y Gael Emiliano “N”, quienes, según las investigaciones preliminares forman parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión a negocios, mismo que lidera Zacarías “N”, alias, “Skiny”, vinculado a proceso y en prisión preventiva en el Centro de Inserción Social de este municipio, por el ilícito mencionado, desde octubre de 2024.
Los hechos por los que son investigados, ocurrieron el 23 de marzo del año en curso, cuando acudieron a un establecimiento ubicado en un área de playa aledaña al boulevard Kukulcán, donde se dirigieron a un empleado, para solicitarle 5 mil pesos mensuales por tres meses; en caso de no pagar “tendrían problemas”.
Ricardo “N” fue capturado por elementos de la Policía de Investigación, cuando se disponía a cobrar el dinero solicitado. Asimismo, Javier “N” y Gael Emiliano “N”, fueron detenidos en flagrancia por narcomenudeo; ellos fueron identificados como las personas que acudieron con Ricardo “N” a solicitar el pago por “derecho de piso”.
Cabe mencionar que esta es la segunda vinculación a proceso que le dictan a Javier “N”, la primera fue por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio calificado, en agravio de dos víctimas de identidad reservada, quienes fueron privados de la vida durante un enfrentamiento con armas de fuego, con miembros de un grupo delictivo rival, en un autobús de transporte urbano que circulaba por el boulevard Kukulcán, el 1 de julio de 2024.
Además de la vinculación a proceso, el Juez determinó que los tres sujetos deberán permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.
