CHETUMAL.- Las campañas electorales en el estado de Quintana Roo iniciarán del 29 de abril y concluirán el 28 de mayo de 2025, con el fin de promocionar o posicionar a las personas candidatas a juzgadoras ante la ciudadanía para ser favorecidas con su voto el día de la jornada electoral que se celebrará el 1 de junio.
Entrevistada al respeto, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), Maisie Lorena Contreras Briceño informó que en estas campañas los partidos políticos no participan, por lo que no podrán promover o apoyar alguna candidatura o emitir manifestaciones a favor o en contra.
Asimismo, dio a conocer que, para este periodo de la campaña electoral el IEQROO aprobó los topes de gastos de campaña de las personas candidatas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia; magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y personas juzgadoras por un monto de 99 mil 609 mil pesos.
Explicó que para los cargos de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia se postularon 12 personas (seis mujeres y seis hombres), de los cuales sólo se elegirán a 9 personas; magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se postularon 7 personas (seis mujeres y 1 hombre), de los cuales sólo se elegirán a 3 personas y, en el caso de juezas y jueces se postularon 148 personas (78 mujeres y 70 hombres), de los cuales sólo se elegirán a 105 personas.
Señaló que las personas candidatas no podrán recibir financiamiento de ninguna entidad pública o privada para sus actividades proselitistas, esto incluye donaciones de individuos, organizaciones, empresas o partidos políticos. Por lo que sólo tienen permitido hacer erogaciones personales, de acuerdo con los topes que ha fijado el Consejo General del IEQROO.
De igual forma dio a conocer algunos puntos que les está permitido y otras que no podrán hacer las candidaturas en está contienda electoral:
¿Qué tienen permitido hacer las personas candidatas?
Entrevistas de carácter noticioso,
Foros informativos.
El uso de redes sociales, siempre y cuando no paguen por la promoción del contenido.
Utilizar propaganda electoral impresa en papel, que deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
Difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión.
