PUERTO MORELOS.- El gobierno de Puerto Morelos impulsa la cultura de la inclusión para erradicar actos de discriminación, destacó el director de Diversidad Sexual en el municipio, José María Vera Uribe, en la apertura del curso “Sanciones Administrativas a personas servidoras públicas por cometer actos de Discriminación”, que se llevó a cabo en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal.
Indicó que la discriminación por raza, género, orientación sexual o discapacidad afecta la salud mental de individuos y comunidades; por eso, se busca que desde el servicio público se establezca la diferencia, con un trato digno y amable a las y los ciudadanos.
El curso se llevó a cabo en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC), y la Dirección de Recursos Humanos, que convocó al personal de las secretarías y direcciones de área y fue impartido por Luz Jhannel Silva Salas, directora de la Función Pública, Desarrollo Administrativo y Contraloría Social, y David Alejandro Vázquez Santillán, director de Sustanciación y Procedimientos Sancionatorios.
Los ponentes dividieron el curso en tres capítulos: 1. Filosofía de la Ética y la Buena Conducta, SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y su relación con la buena conducta; 2. Actos de Discriminación y su Marco Normativo. Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación y 3. Sanciones Administrativas. Etapa de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa y Procedimiento Sancionatorio.
La titular de la Función Pública del OIC, Luz Jhannel, indicó que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado, además de la actuación ética y responsable de cada servidor público. De ahí la importancia de evitar caer en actos de discriminación.
Por su parte, David Alejandro Vázquez Santillán explicó que la discriminación es la exclusión, que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de alguna persona.
Asimismo, detallaron que los servidores públicos deben regirse por los códigos de Ética y Conducta y actuar totalmente apegados a la legalidad. Las sanciones cometer una falta calificada como no grave puede llevar a las siguientes sanciones: amonestación pública; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Finalmente, indicaron que erradicar la discriminación no es solo un deber legal, sino un compromiso ético, presente en la administración de la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, que fortalece la integridad institucional y construye un entorno de respeto y equidad para todos.
