En un municipio donde por décadas han florecido los fraccionamientos “fantasmas”, las ventas “al vapor” y los asentamientos irregulares sin permisos ni servicios, lo ocurrido este fin de semana en Cancún no fue un operativo más, sino un mensaje político claro.
Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, decidió asumir el costo y la responsabilidad de enfrentar un problema que ha sido cómodo evadir, como es la expansión desmedida de desarrollos ilegales disfrazados de “oportunidades” inmobiliarias.
La clausura y aseguramiento del proyecto irregular “Oriolo”, en la delegación Alfredo V. Bonfil por parte de autoridades estatales y municipales, fue posible gracias a una denuncia formal presentada por la alcaldesa y al trabajo conjunto de la Dirección de Ecología municipal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina y el Colegio de Biólogos de Quintana Roo. El predio, de 30 mil metros cuadrados desmontados y rellenados sin permisos, representaba exactamente aquello que ha degradado ambiental y jurídicamente al municipio durante años.
El operativo ocurre apenas dos días después de que la gobernadora Mara Lezama alertara públicamente sobre la proliferación de fraudes inmobiliarios, ventas de viviendas “recuperadas” que en realidad están en litigio y los conflictos históricos por tierras sin certeza jurídica en la zona norte del estado. La mancuerna entre la presidenta municipal y la gobernadora volvió a mostrarse funcional: la advertencia desde Palacio de Gobierno y la acción inmediata en territorio.
En un post en sus redes sociales, Peralta de la Peña subrayó que este proyecto irregular ya había sido clausurado desde junio de 2024, cuando las áreas municipales de Ecología y Desarrollo Urbano intentaron frenar las afectaciones. Y reforzó la importancia de responder ante la reincidencia de los depredadores del suelo:
“Gracias a la actuación oportuna del Ayuntamiento evitamos que el desarrollo irregular ‘Oriolo’ ponga en riesgo el medio ambiente y el patrimonio de las y los cancunenses”.
La alcaldesa también destacó la coordinación institucional y brindó su reconocimiento a la Fiscalía de Quintana Roo por su intervención y coordinación, que a partir de la denuncia presentada por el municipio pudo actuar y llevar a cabo este aseguramiento.
La FGE respondió rápido, en un giro que contrasta con lo que ocurría hace algunos años, cuando estos asuntos naufragaban en trámites eternos mientras unos cuantos vivales se llenaban los bolsillos de dinero, en tanto cientos de familias llegaban a vivir a cinturones de miseria sin certeza jurídica y sin servicios.
Este nuevo golpe a un desarrollo irregular en el territorio benitojuarense no resuelve por sí solo los problemas estructurales, pues actualmente miles de personas viven en colonias levantadas sobre predios sin regularizar; generaciones completas han comprado terrenos ilegales bajo la promesa de que “luego se arregla”; y cada administración municipal y estatal heredaba una bomba de tiempo social, ambiental y administrativa.
Hace apenas unos días la gobernadora Mara Lezama lo advirtió en su programa “La Voz del Pueblo”: hay fraudes, hay estafas, hay ventas que pretenden pasar por legales, pero no lo son. Y llamó a verificar siempre la documentación, acudir al Infonavit en caso de deudas o dudas y, sobre todo, evitar caer en la trampa de quienes comercializan lo que no les pertenece y carece de los permisos elementales. 
Por eso, el aseguramiento de “Oriolo” es un aviso firme de que el desorden inmobiliario que depredó Cancún no puede seguir siendo negocio. Y es también un reconocimiento al municipio que se atrevió a denunciar y a la FGE que actuó en conecuencia.
La alcaldesa invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad que ponga en riesgo nuestro entorno o vulnere la ley, “porque el bienestar del municipio -afirmó- lo construimos todos”.
Al parecer, se acabó la era de mirar hacia otro lado cuando cualquier vival se enriquecía ofreciendo tierra fácil, barata… y sin papeles.
