CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sí solicitó protección federal luego de separarse temporalmente del cargo el pasado 1 de mayo.
La mandataria explicó que el Gobierno federal autorizó el resguardo tras realizar una evaluación de riesgo, como ocurre en otros casos de funcionarios o ex funcionarios que podrían enfrentar alguna situación de seguridad.
La presidenta respondió a cuestionamientos durante su “Conferencia del Pueblo” de este miércoles 13 de mayo, en seguimiento a la crisis política y judicial que enfrenta el mandatario sinaloense tras ser mencionado en una acusación presentada por fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. en una corte federal de Nueva York. Según documentos judiciales estadounidenses, Rocha Moya y otros funcionarios habrían sido relacionados con presuntos vínculos con una red ligada a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum está “tranquila” y no “entre la espada y la pared”, afirmó ante las acusaciones de EEUU contra Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narco
“Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo. Entonces, como Gobernador de Sinaloa tenía su propia protección y ahora él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo”, declaró Sheinbaum.
Las declaraciones de la Presidenta también aclararon una aparente diferencia con lo expresado días antes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien había señalado que la seguridad fue recomendada por el Gobierno federal y no solicitada directamente por Rocha.
Rocha Moya solicitó licencia al cargo en medio de un escenario de presión política y mediática después de que autoridades de EE.UU. difundieran una acusación penal relacionada con presuntas operaciones del narcotráfico.
De acuerdo con fiscales del Departamento de Justicia estadounidense, la investigación menciona supuestos vínculos entre funcionarios sinaloenses y estructuras criminales relacionadas con tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo y metanfetamina.
