CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló, de manera preventiva, las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y los otros implicados en las solicitudes de detención con fines de extradición que hizo Estados Unidos.
Sin embargo, precisó que no hay una investigación por parte de la UIF sino que en función de que los bancos mexicanos tienen relación con entidades financieras estadounidenses, se realizó de manera preventiva.
Al referirse ampliamente al caso Sinaloa y la relación con Estados Unidos, la mandataria advirtió que es importante que allá tengan claro los límites de la colaboración sobre la base del respeto a nuestra soberanía.
“En México las instituciones mexicanas son las responsables de combatir al crimen organizado. Ellos nos pueden ayudar proporcionando información pero sobre todo, atendiendo el consumo elevado de drogas allá y el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, dijo.
Cabe destacar que la semana pasada, la FGR dio a conocer que integra en un expediente sobre Rocha Moya todas las indagatorias relacionadas con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, y las irregularidades reportadas durante el proceso electoral de 2021 en esa entidad.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó a través de un comunicado dichas acciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los demás señalados por Estados Unidos por su presunto vínculo con el cártel de Sinaloa.
“Se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano. Dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos”, señaló.
Agregó que las personas de dicha lista cuentan con las garantías de audiencia y defensa previstas en la ley para hacer valer los recursos administrativos o jurisdiccionales que crean procedentes.
