La fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la acusación está sustentada, entre otros elementos, en los testimonios de dos testigos protegidos, quienes señalaron que Aguirre instruyó destruir cualquier material relacionado con los hechos registrados aquella noche.
De acuerdo con la funcionaria, durante las primeras investigaciones se sostuvo que no existían grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el Palacio de Justicia, debido a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, diligencias posteriores permitieron acreditar que esas videograbaciones sí existían.
Godoy Ramos explicó que uno de los testimonios, recabado en enero de 2026, confirmó la existencia de los videos en los que se observa la detención del autobús Estrella Blanca en el que viajaban los estudiantes por parte de policías municipales de Iguala.
Según la declaración, una persona identificó a quien presuntamente sustrajo las videograbaciones para entregarlas directamente a Ángel Aguirre, además de revelar que permaneció en silencio por amenazas.
Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido reforzó la investigación al asegurar que el exgobernador encabezó una reunión con mandos de su administración en la que ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con el caso.
Estas declaraciones forman parte de la carpeta de investigación que derivó en la detención del exmandatario guerrerense, quien enfrenta acusaciones por presunto ocultamiento de evidencia en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.
