Washington.- El titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, advirtió que la agencia está comprometida con exhibir a los funcionarios y las redes de corrupción que anteponen los intereses de los cárteles a los de las personas a las que juraron servir.
A través de una publicación en la cuenta oficial de la DEA, Cole destacó la recuperación de 5.8 millones de dólares por parte del gobierno de México, recursos que estarían vinculados con la red de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El funcionario estadounidense señaló que Estados Unidos también mantiene pendientes sentencias relacionadas con García Luna y continuará buscando obtener una compensación mediante los activos vinculados con sus actividades corruptas.
“México ha recuperado 5.8 millones de dólares vinculados a su red de corrupción. Estados Unidos tiene sentencias pendientes por separado relacionadas con García Luna y también continuará buscando obtener una compensación de los activos vinculados a sus actividades corruptas”, afirmó.
Cole sostuvo que la corrupción constituye una de las principales herramientas utilizadas por los cárteles, por lo que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene el compromiso de identificar y exhibir a los servidores públicos que colaboren con organizaciones criminales.
Los señalamientos se producen mientras autoridades estadounidenses han acusado públicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al secretario de Gobierno estatal, Enrique Inzunza, y a otros funcionarios de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado.
A estos señalamientos se sumó el exdirector de la DEA, Derek Maltz, quien difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se representa una supuesta detención de Rocha Moya.
Maltz también manifestó su deseo de que el gobernador con licencia de Sinaloa sea expulsado de México y enviado a Nueva York para enfrentar un proceso ante un tribunal federal estadounidense.
La DEA reiteró así su postura de combatir no sólo las operaciones de los grupos criminales, sino también las redes de corrupción y a los funcionarios que, según sus acusaciones, faciliten sus actividades.
