CIUDAD DE MÉXICO.- Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, dejó de figurar como socia de Vida Orgánica Tijuana, empresa fundada junto con su entonces esposo, Carlos Alberto Torres Torres, y su cuñado Luis Alfonso Torres Torres, 19 días antes de que el gobierno de Estados Unidos sancionara a la compañía por presuntos vínculos con una red del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio de Tijuana citados por Aristegui Noticias, la modificación de la estructura accionaria quedó registrada el 10 de septiembre de 2026 mediante un asiento de “rectificación por error material”. La empresa había sido sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 29 de septiembre.
Vida Orgánica Tijuana fue constituida el 9 de noviembre de 2020 con un capital social de 100 mil pesos. Entre sus socios fundadores estuvieron Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres. El accionista mayoritario era Juan Manuel Lameiro Camacho.
La documentación registral señala que Marina del Pilar transfirió su participación mediante una asamblea celebrada en abril de 2023. Sin embargo, la modificación no fue asentada en el Registro Público de Comercio sino hasta el 10 de septiembre de 2026, más de tres años después. Con la rectificación, la participación de Carlos Torres pasó de 15 mil a 30 mil pesos y la gobernadora dejó de aparecer entre los socios.
El Gobierno de Baja California ha sostenido que la mandataria salió de la sociedad desde 2023 y que el retraso correspondió al trámite de inscripción ante las autoridades registrales.
EU señala a la empresa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Vida Orgánica Tijuana entre las empresas sancionadas dentro de una operación dirigida contra una red vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Según la OFAC, la compañía estaría controlada o dirigida, directa o indirectamente, por Luis Alfonso Torres Torres. La dependencia también señaló a Carlos Torres y a su hermano Luis como integrantes de una estructura que, según las autoridades estadounidenses, habría proporcionado apoyo financiero y material al grupo criminal.
El Tesoro estadounidense ubicó a Carlos Torres en el centro de un esquema de presunta narcocorrupción en Baja California y señaló que mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos que opera en Mexicali.
Las acusaciones corresponden a señalamientos de las autoridades estadounidenses y no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial en México.
Carlos Torres ha rechazado las acusaciones y afirmó que pretende aclarar su situación ante las autoridades estadounidenses. Tras las sanciones, reconoció que mantiene una participación de 30 por ciento en Vida Orgánica Tijuana.
Por su parte, Marina del Pilar no fue incluida en la lista de personas sancionadas por la OFAC. El Gobierno de Baja California informó que la gobernadora está legalmente divorciada de Carlos Torres y que actualmente únicamente comparten el interés por el bienestar de su hijo.
La coincidencia entre la inscripción de la salida de la gobernadora de la empresa, el 10 de septiembre, y las sanciones anunciadas por Estados Unidos 19 días después ha puesto nuevamente bajo escrutinio los vínculos empresariales que mantuvo con su entonces esposo y su familia.
