GUADALAJARA, JAL.- La detención de manifestantes durante una protesta por la mala calidad del agua en Guadalajara desató críticas contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, luego de que policías estatales utilizaran gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los inconformes frente a Casa Jalisco, residencia oficial del mandatario.
La movilización del domingo 11 de octubre reunió a miles de personas que exigieron una solución al problema del agua contaminada que afecta a la zona metropolitana desde hace años y que, según denuncias de organizaciones civiles, se ha agravado en los últimos meses. De acuerdo con reportes periodísticos, al menos 320 colonias reciben agua con olores desagradables y características que han generado preocupación entre los habitantes.
La protesta comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hasta Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías. El saldo oficial fue de 39 personas detenidas y 28 agentes lesionados, dos de ellos de gravedad; también se reportaron decenas de civiles heridos, incluidos periodistas.
Tras los hechos, familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos denunciaron presuntas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y falta de información sobre el paradero de algunas personas durante las primeras horas posteriores al operativo. La situación incrementó los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales y el respeto al derecho a la protesta.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señaló que documentó detenciones de personas que habrían permanecido incomunicadas antes de ser presentadas ante la Fiscalía. Además, colectivos y familiares cuestionaron la falta de información pública que permitiera verificar la identidad y situación jurídica de todos los arrestados.
Ante las críticas, Lemus sostuvo que la confrontación fue provocada por un supuesto grupo de choque de alrededor de 400 personas, al que acusó de portar piedras, tubos, martillos y otros objetos para agredir a los policías y desvirtuar la manifestación. El gobernador reconoció que la movilización había comenzado de manera legítima y anunció una revisión de los casos de los detenidos y de las grabaciones para investigar posibles abusos policiales.
La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó el operativo y pidió explicaciones al gobierno estatal por el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes. Asimismo, reiteró que el problema del suministro y la calidad del agua requiere una solución de fondo y anunció conversaciones con autoridades de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua para analizar alternativas.
La controversia mantiene el foco público tanto en la actuación policial como en la crisis hídrica que originó la protesta. Mientras el gobierno estatal atribuye los disturbios a la intervención de grupos violentos, activistas y familiares exigen esclarecer las detenciones y determinar si hubo violaciones a los derechos humanos.
