Chetumal, Quintana Roo; 10 de noviembre de 2026.- La Legislatura de la Justicia Social turnó a comisiones para su análisis, un paquete de iniciativas orientadas a la protección de la niñez, el bienestar laboral de las personas servidoras públicas, a la certeza en el proceso penal y la consolidación de la transparencia estatal.
En la sesión ordinaria número 20 del Congreso del Pueblo, se dio lectura a una iniciativa presentada por el diputado Hugo Alday Nieto en materia de derecho familiar e interés superior de la infancia.
La propuesta plantea establecer la obligación de la persona Oficial del Registro Civil de consultar el portal del Registro de Deudores Alimentarios Morosos tras recibir una solicitud de matrimonio. La iniciativa aclara que la consulta tiene fines puramente informativos para fortalecer un consentimiento libre e informado, sin que represente un impedimento legal para contraer matrimonio.
Por otra parte, el diputado Rubén Carrillo Buenfil presentó una iniciativa para reformar el artículo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.
La medida propone elevar a rango de obligación legal la impartición de cursos y programas permanentes de información, orientación y atención a la salud mental y ocupacional para todo el personal del servicio público, asegurando la continuidad de estas políticas más allá de los cambios de administración.
En la misma sesión, se dio lectura a la iniciativa de la diputada Silvia Dzul Sánchez para adicionar diversas disposiciones al artículo 123 del Código Penal del Estado. La reforma contempla agravar hasta en una mitad la pena del delito de amenazas cuando se dirija contra jueces, fiscales, defensores, víctimas o testigos para obstaculizar o condicionar su participación en un procedimiento penal. O bien, provenga de estudiantes, tutores o familiares consanguíneos en contra de personal docente, directivo o administrativo con motivo de sus funciones escolares.
Finalmente, se dio lectura a una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y la Ley de Archivos del Estado.
El proyecto propone sustituir formalmente la denominación de la antigua Secretaría de la Contraloría del Estado por la de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, actualizando las referencias normativas en materia de investigación de faltas administrativas, auditorías del gasto público y coordinación de archivos sin alterar las atribuciones sustantivas.
