CDMX.- Tras el señalamiento de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, el sistema financiero mexicano ha comenzado a bloquear recursos de los involucrados.
De acuerdo con fuentes del ecosistema financiero, desde la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda giró la instrucción a entidades como bancos y casas de bolsa para integrar a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Posteriormente, el pasado martes por la noche, la orden fue extendida a otras entidades, como centros cambiarios y transmisores de dinero.
Según las fuentes, la instrucción incluyó al gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena y exsecretario general de Gobierno del estado; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; y Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la fiscalía estatal.
También fueron incluidos Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía de Culiacán.
A cada uno de los 10 señalados por la autoridad de EU, se les acusa de narcotráfico y delitos relacionados con armas. Con excepción de Juanito a quien también se le señaló de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes.
Los acusados podrían alcanzar penas desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Además de los mencionados por el gobierno de Estados Unidos, también fue incluido Rubén Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia de Sinaloa.
Se consultó a las autoridades sobre el tema, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Hacienda no emitió una postura oficial sobre las acciones de la UIF contra Rocha Moya y los demás señalados.
La incorporación a la LPB significa que bancos, casas de bolsa y otras entidades financieras deben suspender operaciones y congelar recursos vinculados con las personas incluidas en dicha relación de la UIF.
En la práctica, la medida puede impedir el uso de cuentas bancarias, transferencias, inversiones, créditos y otros servicios financieros.
