CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, afirmó que durante la administración de Enrique Peña Nieto la corrupción llegaba a tal punto que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin cobraba desde 50 mil pesos, hasta un millón de pesos por cita con empresarios o políticos.
“Hay un caso de un director de esta empresa, cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, que cobraba por cada cita que, se llegara o no a un arreglo con la empresa, con Pemex, les cobraba a los empresarios o a los políticos que iban a tener una reunión con él, entre 50 mil a un millón de pesos por cita”, declaro Nieto durante una visita en Saltillo, Coahuila.
La prensa local reportó que estos señalamientos fueron realizados durante la conferencia “La lucha contra la corrupción en la 4T con la Inteligencia Financiera”, realizada en la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
El funcionario agregó que el actuar del ex director de Pemex “es incompatible con cualquier sistema de corte democrático”.
El titular de la UIF también ejemplificó la corrupción durante la administración de Peña con el caso de una empresa farmacéutica -cuyo nombre omitió-, que con únicamente un empleado vendió 89 mil millones de pesos en medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante el sexenio de Peña, Nieto fue removido como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), tras señalar públicamente que Lozoya Austin lo habría presionado para declararlo inocente en una investigación por presuntos sobornos de Oderbrecht al PRI de cara a la contienda por la presidencia en 2012.
De acuerdo con Zócalo de Saltillo, Nieto señaló que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido congelados cerca de 37 millones de dólares vinculados a operaciones con lavado de dinero y señaló que anualmente son blanqueados 50 mil millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto estatal de Coahuila y a casi el doble de la deuda pública estatal. (FUENTE: PROCESO)
