CANCÚN.- Cerca de 99 mil pesos era lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretendía cobrarle a un ciudadano propietario de una lavandería, y a quien además acusó de manipular medidores y de robo del mismo. Sin embargo, luego de aportar pruebas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, el ciudadano pudo demostrar que las acusaciones en su contra eran infundadas, y finalmente no pagó un solo peso. Se trata de uno de cerca de dos mil casos tan solo en Cancún, de los que una asociación civil habría resuelto unos 30.
“La rueda de prensa es para lavar mi honor, y limpiar el señalamiento que me hizo la Comisión (Federal de Electricidad) sobre un supuesto daño y manipulación al medidor y, aparte, un supuesto robo”, declaró ante la prensa hoy Adrián Flores Martínez, propietario de una lavandería y quien había sido señalado por la empresa del estado de haber actuado de manera irregular.
Explicó que el 15 de mayo de 2018 personal de la CFE acudió a su negocio a revisar su medidor, tras lo cual lo quitaron sin su permiso y sin notificarle. En su opinión, esto muestra que, si hubo un ilícito, fue llevado a cabo por el mismo personal.
“Fue un largo proceso donde la Profeco me dio dos pautas, donde me dijo que el mediador ni ha sido manipulado y funciona al 100 por ciento; ahora, la juez segunda de Distrito en materia Mercantil, Marisol Castañeda Pérez, dio pauta a la nulidad de ese ilícito”, detalló.
Dice que él mostró 12 pruebas a la Profeco, gracias a las cuales se pudo comprobar que eran infundadas las denuncias en su contra y, por el contrario, la CFE no aprobó las pruebas para sostener los señalamientos en su contra.
MÁS DE 2 MIL CASOS
Por su parte, Carlos Alexis Treviño Cázares, de la asociación civil Porque Yo Amo a Cancún, alert+p que el caso de Flores Martínez no es el único, y que, al menos en la zona norte de la entidad, que es donde ellos trabajan regularmente, hay hasta dos mil.
“Hay muchos casos, más de dos mil; tanto en asentamientos irregulares como en colonias regulares; son 114 asentamientos irregulares y en la zona urbana son muchos casos”, subrayó el activista.
Relató que ya son cerca de 30 casos los que han ganado contra la CFE y que muchos eran en domicilios particulares, pero como en este caso se había afectado la imagen del dueño de la lavandería, acusándolo de algo que no cometió, fue que decidieron hacer este pronunciamiento público.
Dice que si bien hay quien opta por pactar con CFE o ir a la Profeco, lo más afectivo es ir por la vía mercantil, como en este caso, donde obtuvieron una sentencia favorable.
Admitió que son pocos los que denuncien, por apatía, porque la gente cree que no obtendrá nada y que será una pérdida de tiempo. Pero aclara que ellos no son el único organismo que apoya a la gente con estos problemas y que, además, el Poder Judicial tiene la obligación de apoyar a la gente, de asesorarla y acompañarla.
Respecto al móvil en estos casos, dice que muchas veces se basan en simples “ocurrencias” sin pruebas. Y que les han tocado casos desde 35 mil pesos hasta el más grande que han conocido, que es de 600 mil pesos.
“Vienen sin órdenes, sin sustento, sin un aviso previo, personas de empresas subcontratadas a desmantelar medidores sin ningún procedimiento apegado a derecho”, indicó.
Señala que lo primero es que debe haber una notificación de por medio y debe estar presente quien usa el servicio; que los aparatos que van a checar el medidor deben estar certificados, y que los mismos medidores deben estar certificados, algo que debe hacerse cada tres años. Esta certificación se puede solicitar por escrito a la CFE.
Concluyó diciendo que, con este caso, se demuestra que un ciudadano puede actuar contra un monstruo como la CFE, teniendo las pruebas en la mano y actuando por la vía mercantil. Y que entre más casos haya, se harán más evidentes las irregularidades.
