MADRID.- El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, se negó a ser extraditado a México en la primera vista del proceso que se le sigue en la Audiencia Nacional de España.
El empresario – detenido a finales de mayo de 2019 en Palma de Mallorca– aseguró durante su comparecencia que es víctima de una persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo “es un mitómano del tamaño de Hitler” y que él sólo es un “daño colateral” de la campaña del actual gobierno contra la administración anterior.
La vista, presidida por la jueza María Riera Ocariz, comenzó a las 10:30 de la mañana y se prolongó por espacio de cuatro horas. En su turno de palabra Ancira señaló que México “no es un país de leyes”, por lo que no tendría un juicio justo allí.
Ancira cuenta además con la asesoría de la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, quien lo acompañó durante la sesión.
La defensa española de Ancira, encabezada por el abogado Manuel Ollé, alegó la perscripción de los delitos que se le imputan al empresario, que son lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. Ollé fue el mismo abogado del ex gobernador de Coahuilia, Humberto Moreira.
El empresario de 68 años de edad enfrenta su proceso en libertad, debido a que pagó una fianza de un millón de euros en junio de 2019. Entonces el juez Santiago Pedraz le impuso medidas cautelares como la prohibición de salir de España, el retiro de sus pasaportes, tanto el mexicano como el estadounidense, y la obligación de comparecer ante el juzgado cada dos días.
La detención del magnate siderúrgico se produjo luego de que un juez mexicano concediera una orden de aprehensión en su contra, como resultado de una denuncia presentada por Pemex ante la Fiscalía General de la República el 5 de marzo del año pasado.
El motivo es el pago, por parte de Ancira, de un soborno de 3 millones 700 mil dólares al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, para que en 2014 la petrolera le comprara la planta Agro Nitrogenados por 475 millones de dólares. Un sobreprecio injustificado si se tiene en cuenta que la planta llevaba 14 años sin operar y sus equipos databan hace 30 años. Su precio real no superaba los 50 millones de dólares.
En los próximos días se conocerá si la Audiencia Nacional concede a México la extradición. (Agencias)
