MADRID.- El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España confirmó por unanimidad la extradición a México del empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA).
En un auto fechado el pasado 11 de noviembre, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, el tribunal rechaza el recurso de súplica presentado por el expresidente del Consejo de Administración de AHMSA contra el auto que acordaba su extradición a México, por delitos relacionados con corrupción.
De esta manera, los veinte magistrados que integran el pleno confirman la entrega del empresario, al considerar que los hechos por los que le persigue la justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.
Los hechos investigados encajarían en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude e incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Ancira de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades.
El auto argumenta que Alonso Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, “pagando por adelantado” mediante transferencias desde Altos Hornos de México a Tochos Holding, empresa vinculada con Lozoya, “dádiva de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es, la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya”, cuando fue director de Pemex, “la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.
La Audiencia Nacional descartó la prescripción alegada por la defensa, al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano entendieron que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.
La sala rechaza también la persecución política alegada por Ancira, en tanto que “se persigue un delito común de clara corrupción” y que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas. Lo anterior, con una contraprestación de un inmueble de lujo en Ciudad de México, que se pretendió y consiguió ocultar momentáneamente mediante una complicada triangulación de recursos en el extranjero, en una empresa constituida en un paraíso fiscal y con la utilización de “un testaferro familiar”. Se refiere al papel jugado por Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya.
Estas circunstancias, señala la Audiencia, “objetivamente nada tienen que ver con la persecución política”.
Ancira regresa a la cárcel en España
El fin de semana pasado, Alonso Ancira reingresó a la cárcel en España, en espera de su extradición. Mediante un comunicado, Altos Hornos de México aseguró que el empresario esperaba la sentencia oficial para ampararse y “regresar a libertad condicional en tanto culmina el proceso legal”.
La compañía defendió que las operaciones por las que se acusa al empresario tienen un origen lícito, identificado y justificado, “al ser operados y registrados a través de los canales regulares de Altos Hornos de México, conforme con un contrato de servicios”.
Refirió que los pagos a Emilio Lozoya provienen de un acuerdo de trabajo con éste, cuando no era funcionario público, por lo que representa “un trato comercial entre particulares” consistente en servicios de gestoría y apoyo técnico. Lozoya “realizó las tareas estipuladas a satisfacción de las partes”, señala AHMSA.
Además recordó que si “existiera el delito del que se le acusa, de acuerdo con la legislación penal mexicana no ameritaría prisión cautelar y permitiría llevar un juicio en libertad”.
El pasado 27 de mayo, la Audiencia Nacional de España declaró la procedencia de la extradición a México de Ancira Elizondo, detenido en mayo de 2019 en la isla española de Palma de Mallorca.
La detención del empresario siderúrgico se produjo luego de que el juez de distrito, José Artemio Zúñiga, concediera la orden de aprehensión en su contra en mayo de 2019. Esto como resultado de una denuncia presentada por Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR) en marzo de ese año.
El motivo es el pago en 2012, por parte de Altos Hornos de México, de 3 millones 400 mil dólares a la empresa Tochos Holding Limited, vinculada al ex director de Pemex Emilio Lozoya.
Con este dinero, triangulado a través del banco suizo UBS AG, Lozoya compró un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Residencial la Retama”, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
Las autoridades mexicanas relacionan estas operaciones con la compra que Pemex hizo en 2014, cuando Lozoya era su titular, de la planta Agro Nitrogenados, propiedad de Ancira, por 275 millones de dólares. Un sobreprecio injustificado si se tiene en cuenta que la planta llevaba 14 años sin operar y sus equipos databan hace 30 años. Su precio real no superaba los 58 millones de dólares.
Aunque el empresario gozó de libertad bajo fianza desde el 1 de julio de 2019, el juez Pedraz le impuso medidas cautelares como la prohibición de salir de España, además le retiró sus pasaportes, tanto el mexicano como el estadounidense y lo obligó a comparecer ante el juzgado cada dos días.
