CDMX.- Si bien el combate a la corrupción y el nepotismo son pilares del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según su discurso, diversos miembros de su familia han provocado que el mandatario sea duramente criticado, debido a la falta de estos principios.
El caso más reciente es el de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente, cuya empresa, Litoral Laboratorios Industriales, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos.
De acuerdo con información que Latinus obtuvo vía transparencia, la compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para llevar a cabo análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.
Aunque es importante mencionar que también en 2019, la misma empresa ganó, junto a Marinsa de México, un contrato por 231 millones de pesos para introducir productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán, el cual caducará hasta el 2022.
Litoral Laboratorios Industriales tiene su sede en Campeche y se especializa en el análisis químico y estudio de aguas e hidrocarburos. En la última década ha brindado servicios al gobierno federal y a los estados de Campeche y Tabasco.
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- AMLO señaló que si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar aunque se trate de un hijo. (Foto: Presidencia de México)
Según la investigación del medio, cuyo rostro principal es el de Carlos Loret de Mola, la empresa ha ganado adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Cabe mencionar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa de Felipa Obrador se benefició de, por lo menos, 25 contratos, aunque a diferencia de los adjudicados bajo la presente administración, estos fueron con una frecuencia y montos menores.
Ante esta situación, López Obrador señaló que “seguramente va a informar el director de Pemex” sobre el caso, pero insistió en que su gobierno no permitirá actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo de algún miembro de su familia.
“No le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar aunque se trate de un hijo”, puntualizó.
Asimismo, el mandatario recordó que en junio de 2019 estableció un memorándum en el que se comprometió a no aceptar “bajo ninguna circunstancia” a que algún miembro de su familia pudiera hacer negocios con el gobierno.
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- A la izquierda, Concepción Falcón Montejo, cuñada del presidente López Obrador, a su lado, Roberto Villalpando, alcalde de Macuspana. (Foto: Twitter)
Otro de los casos representativos en torno a la corrupción en el círculo familiar tiene que ver con su hermano Pío López Obrador, de quien se difundieron videos recibiendo dinero por parte de David León, ex coordinador de Protección Civil, para contribuir a las operaciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Chiapas.
Por este hecho, el presidente fue duramente criticado por la oposición y por la opinión pública, pues el titular del Ejecutivo Federal declaró en conferencia de prensa que tenía conocimiento de la existencia de tales videos por lo que si la Fiscalía General de la República (FGR) lo llama a declarar, él estaría dispuesto.
Sin embargo, todavía hay un caso más de corrupción entre familiares del presidente y tiene como protagonista a Concepción Falcón Montejo, esposa de Ramiro López Obrador, otro de los hermanos del mandatario mexicano.
En este caso, ella fue señalada como participante de un presunto desfalco millonario en Macuspana, Tabasco —municipio de donde es originario López Obardor—, el cual habría provocado la renuncia de 11 funcionarios del gabinete local, entre ellos el alcalde de la demarcación, Roberto Villalpando Arias.
Dicho desfalco al erario habría sido por más de 200 millones de pesos entre el 2019 y el 2020, a partir del desvío de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). (Agencias)
