CDMX.- En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora hoy, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) (conformada por 48 comunidades y organizaciones de asentamientos originarios, campesinas y civiles), hizo un llamado “enérgico” al Estado mexicano para que avance decididamente en la reforma constitucional sobre sus derechos.
El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, de Campeche; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco, estado de México, y la Red Ambiental en Defensa de los Humedales, de San Cristóbal, Chiapas, entre otros, destacaron que avanzar esta reforma “implica saldar una deuda histórica” para hacer cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígena –firmados en 1996–, “y dar paso a una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado”.
En este sentido, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión a que esta iniciativa sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura y se establezca como tema prioritario.
También denunciaron que las formas de gobierno de los pueblos indígenas, los sistemas normativos y la integridad de sus territorios así como de sus bienes comunes “siguen siendo amenazados y violentados”. El riesgo, agregaron, “ya no está sólo en los proyectos de muerte, sino que ahora incluye redes de criminalidad y corrupción en complicidad con gobiernos, cacicazgos locales y actores empresariales”.
Resaltaron que estos fenómenos continúan provocando agresiones en las comunidades y ataques contra defensores del territorio, “se vive una espiral de violencia sin precedente que deja clara la falta de garantías por parte del Estado mexicano”.
Refirieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó el homicidio de 12 defensores de causas sociales en lo que va de 2021, entre los que se encuentran “hermanos de la tribu yaqui y otros valiosos compañeros”.
Las organizaciones de diferentes estados del país señalaron que para revertir las injusticias acumuladas, la propuesta de reforma constitucional resulta clave, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena, el control de sus territorios y bienes comunes, la aplicación de los sistemas propios de seguridad y justicia, así como romper “con el tutelaje colonial del Estado para ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público”.
Manifestaron que es inadmisible que, hasta la fecha, la condición de nación pluricultural siga siendo una promesa vacía de la Constitución.
