CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que los 59 millones de litros de combustible asegurados en septiembre en Guanajuato eran de procedencia legal, luego de que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaran que la planta de almacenamiento involucrada contaba con los permisos correspondientes.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria descartó que el caso correspondiera a un esquema de huachicol, como se anunció inicialmente, cuando el operativo fue presentado como el mayor decomiso de combustible de contrabando en la historia de México.
Sheinbaum explicó que las autoridades detectaron irregularidades relacionadas con el transporte de hidrocarburos que ingresaba a las instalaciones, pero señaló que la empresa involucrada resolvió el problema al entregar la documentación que acreditaba el origen del combustible.
La presidenta indicó que la FGR deberá ofrecer más detalles sobre las investigaciones; sin embargo, adelantó que las pesquisas no encontraron evidencia de un esquema amplio de comercialización ilegal de hidrocarburos.
El operativo se realizó en una planta ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, operada por Grupo Simsa, empresa que desde el inicio rechazó las acusaciones y sostuvo que sus permisos estaban en regla, además de señalar que su actividad consiste en recibir y almacenar combustible propiedad de terceros.
Entre sus clientes figuran Petróleos Mexicanos (Pemex) y compañías internacionales como Shell y ExxonMobil, cuyos productos, según la firma, cuentan con documentación para acreditar su procedencia legítima.
El caso generó controversia por la magnitud del anuncio y la falta de detenciones relacionadas con el supuesto decomiso histórico. Las dudas también derivaron en una investigación contra Juan Francisco Vera Ayala, entonces delegado de la FGR en Guanajuato, por presuntas anomalías en el procedimiento.
A finales de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había señalado que las autoridades federales revisaban las irregularidades del operativo y la documentación entregada por las empresas.
Con las nuevas declaraciones de Sheinbaum, el caso quedó marcado por las dudas sobre la forma en que se anunció el aseguramiento de los 59 millones de litros como combustible presuntamente ilegal, antes de concluir la verificación de su procedencia.
