EU – Este viernes, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, formalizó instrucciones a los Departamentos de Justicia y Salud y Servicios Humanos (HHS) para que rechacen los esfuerzos para limitar la capacidad de las mujeres de acceder a medicamentos abortivos aprobados por el gobierno federal o de viajar a través de las fronteras estatales para acceder a los servicios de aborto clínico, tras el fallo de la Corte Suprema.
Al mandatario se unieron la vicepresidenta Kamala Harris; el secretario del HHS, Xavier Becerra, y la fiscal general adjunta Lisa Monaco en la Sala Roosevelt, cuando firmó la orden.
Su orden ejecutiva también ordena a las agencias que trabajen para educar a los proveedores médicos y las aseguradoras sobre cómo y cuándo deben compartir información privilegiada del paciente con las autoridades, un esfuerzo para proteger a las mujeres que buscan o utilizan servicios de aborto.
También le está pidiendo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que tome medidas para proteger la privacidad de quienes buscan información sobre atención reproductiva en línea y establezca un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar los esfuerzos federales para salvaguardar el acceso al aborto.
Biden también está ordenando a su personal que convoque a abogados voluntarios para que brinden a las mujeres y proveedores asistencia legal pro bono para ayudarlas a sortear las nuevas restricciones estatales después del fallo contra el procedimiento de la Corte Suprema.
La asignación al Departamento de Justicia y al HHS empuja a las agencias a luchar en los tribunales para proteger a las mujeres, pero no garantiza que el sistema judicial se ponga de su lado contra un posible enjuiciamiento por parte de los estados que se han movido para prohibir el aborto.
El presidente de NARAL Pro-Choice America, Mini Timmaraju, calificó la orden de Biden como “un primer paso importante para restaurar los derechos que la Corte Suprema les quitó a millones de estadounidenses”.
Pero Lawrence Gostin, que dirige el Instituto O’Neill de Salud Nacional y Global en Georgetown Law, describió los planes de Biden como “decepcionantes”.
“No hay nada de lo que vi que afectaría la vida de las mujeres pobres comunes que viven en los estados republicanos”, dijo.
Gostin alentó a Biden a adoptar un enfoque más contundente para garantizar el acceso al aborto con medicamentos en todo el país y dijo que Medicaid debería considerar cubrir el transporte a otros estados con el fin de realizar abortos.
Gostin dijo: “Básicamente tenemos dos Américas”. Hay uno en el que las personas tienen acceso a una gama completa de atención médica y “otro en el que los ciudadanos no tienen los mismos derechos a tratamientos seguros y efectivos que el resto del país”.
La medida de Biden fue la lucha más reciente para proteger la privacidad de los datos de quienes contemplan o buscan el aborto, puesto que los reguladores y legisladores consideran las consecuencias del fallo de la Corte Suprema.
Se espera que la decisión de la corte haga que el aborto sea ilegal en más de una docena de estados y severamente restringido en otros.
Los expertos en privacidad dicen que eso podría hacer que las mujeres sean vulnerables porque sus datos personales podrían usarse para vigilar embarazos y compartirse con la policía o venderse a vigilantes. Las búsquedas en línea, los datos de ubicación, los mensajes de texto y correos electrónicos, e incluso las aplicaciones que rastrean los períodos podrían usarse para enjuiciar a las personas que buscan un aborto, o atención médica para un aborto espontáneo, así como a quienes las ayudan, dicen los expertos.
Los defensores de la privacidad están atentos a posibles nuevos movimientos de las agencias de aplicación de la ley en los estados afectados, entregando citaciones, por ejemplo, a compañías tecnológicas como Google, Apple, Bing, Facebook’s Messenger y WhatsApp, servicios como Uber y Lyft, y proveedores de servicios de Internet, incluido AT&T. , Verizon, T-Mobile y Comcast. Los fiscales locales pueden acudir ante jueces simpatizantes para obtener órdenes de allanamiento de los datos de los usuarios.
El mes pasado, cuatro legisladores demócratas pidieron a la FTC que investigara a Apple y Google por presuntamente engañar a millones de usuarios de teléfonos móviles al permitir la recopilación y venta de sus datos personales a terceros.
