CDMX.- Rafael Caro Quintero, el Narco de narcos, solicitó a las autoridades judiciales que fueran abogados particulares quienes lo representen durante el juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión a su nombre, así como de su posible extradición a Estados Unidos.
El pasado lunes 1 de agosto se dio a conocer que el fundador del extinto Cártel de Guadalajara había aceptado a un defensor de oficio (es decir, público) para que fungiera como su representante legal.
Sin embargo, documentos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) consultados por Infobae México establecen que el célebre narcotraficante cambió de opinión y decidió, en su lugar, designar a dos abogados privados para su defensa.
De acuerdo con la información del expediente 1204/2022 al que tuvo acceso este medio, el pasado 30 de julio Caro Quintero realizó una petición para contar con legistas particulares, en lugar de un representante del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), como se tenía previsto.
“José Antonio Cuitláhuac Torres Guerrero, en su carácter de Defensor Público Federal del quejoso ********************, hace del conocimiento de este juzgado que de una visita realizada al aquí quejoso el pasado treinta de julio del año en curso, este solicitó la designación de ******************** y ******************** ambos de apellidos ******************** como sus defensores particulares”, puede leerse en el expediente, el cual omite los nombres de los involucrados para proteger sus identidades.
Posteriormente, el 2 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ratificó la petición y le encomendó a un actuario judicial que visitara a Quintero en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, o Penal del Altiplano, para confirmar la solicitud.
Ante esto, Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, revocó el nombramiento del defensor público que se le había asignado al Narco de narcos.
Cabe recordar que, tras su captura, Don Rafa, como también se le conoce al capo, promovió un amparo para frenar su inmediata extradición a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por el homicidio de Enrique Kiki Camarena, en 1985, así como otros 13 cargos criminales en cortes de California y Nueva York. Una de las justificaciones fue que, hasta ese momento, no había asignado a ningún abogado para que llevara su caso.
