CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum negó haber establecido un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para exonerarla de posibles responsabilidades por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo realizado sin autorización federal, a cambio de procesar al exfiscal estatal César Jáuregui.
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó las versiones sobre un supuesto pacto para que el exfuncionario fuera el único señalado por el caso, así como los rumores de que se habría ofrecido una embajada a la gobernadora panista a cambio de su colaboración.
“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. La política no debe judicializarse, pero tampoco debe judicializarse la política”, afirmó.
Sheinbaum explicó que la investigación contra Jáuregui deriva de la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, sin contar con la autorización del Gobierno federal, como establece la legislación mexicana.
La presidenta sostuvo que, con los elementos conocidos hasta ahora, no existen pruebas que permitan atribuir directamente a Maru Campos la orden de realizar el operativo. No obstante, aclaró que las investigaciones continúan y que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para investigar a otros funcionarios.
El exfiscal César Jáuregui fue detenido el fin de semana y enfrenta señalamientos por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional. Este martes estaba prevista su primera audiencia judicial en el penal del Altiplano.
La mandataria también señaló que la investigación no se limita necesariamente a ese delito, pues existen otras indagatorias contra el exfuncionario. Insistió en que las responsabilidades deben establecerse conforme a las pruebas y los procedimientos legales, sin que las decisiones dependan de acuerdos políticos.
El caso se originó por la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en Chihuahua. Posteriormente, dos agentes vinculados con la CIA y dos funcionarios de la Fiscalía estatal murieron en un accidente carretero cuando regresaban de la zona de intervención.
La presencia de personal estadounidense en acciones operativas dentro de México generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional y los mecanismos de autorización para la colaboración con agencias extranjeras.
Sheinbaum reiteró que su gobierno no ha negociado la exoneración de la gobernadora ni la imputación exclusiva del exfiscal, y sostuvo que será el desarrollo de las investigaciones el que determine las responsabilidades correspondientes.
