CDMX.- El Palacio Municipal de San Miguel Totolapan (Guerrero) se convirtió este miércoles en un reguero de cuerpos, sangre y lamentos desgarradores. Un grupo de sicarios mató a sangre fría al alcalde perredista Conrado Mendoza y a 19 personas que en ese momento despachaban en el Ayuntamiento del municipio de menos de 25.000 habitantes. El edificio baleado apenas alcanzó a trazar un ápice de la tragedia que se vivía puertas adentro donde las mujeres gemían y lloraban a sus muertos. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó escuetamente que el ataque apunta a una “disputa entre grupos criminales” y señaló a los grupos delictivos Los Tequileros y La Familia Michoacana.
Horas más tarde, en el Estado de Morelos, la diputada local Gabriela Marín Sánchez era asesinada a tiros al salir de una farmacia. La legisladora, de 37 años, fue atacada por dos hombres a bordo de una motocicleta. En este caso, la Fiscalía indaga el conflicto de la víctima con otros aspirantes por el cargo. Crímenes que se suman al tapiz interminable de la violencia en México, un mosaico donde cada vez son más recurrentes los delitos contra políticos y legisladores locales: 18 alcaldes y 8 diputados han sido asesinados en lo que va de esta Administración, de acuerdo con la consultora Etellekt Consultores.
En pleno debate para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles en tareas de seguridad, la sangría en México por la violencia sigue sin dar tregua. Los últimos homicidios a sangre fría en Guerrero y Morelos dan cuenta de una prolongación sin fin de la violencia que ha alcanzado todos los rincones y a todos los órganos públicos del país. Rubén Salazar, director general de Etellekt Consultores, señala que a pesar de que son casos con móviles distintos, lo que prevalece en este tipo de crímenes es “la narcopolítica y la impunidad”.
En el asesinato de Marín Sánchez, añade, la información preliminar es un síntoma de la permanencia del “México bronco”, donde los cargos se disputan a balazos. La legisladora ocupó un escaño en el Congreso de Morelos en julio pasado para sustituir a Juan José Yáñez, que murió por complicaciones médicas. Marín se disputó el puesto con Roberto Carlos Yáñez, un político del PRD, que pretendía ocupar el cargo registrándose falsamente como candidato LGTB+. Salazar hace hincapié que lo más preocupante es que los políticos locales se encuentran vulnerables ante la ola de violencia que se ejerce, ya sea por cuestiones de narcotráfico o por revancha política.
Aunque el especialista coincide en que la violencia política —desde amenazas y espionaje hasta el homicidio—, se multiplica conforme se aproxima la fecha electoral, los crímenes en Guerrero y Morelos son parte de las secuelas que dejaron los resultados de las elecciones intermedias de 2021. “La violencia generalizada en el país se explica a partir de estos cambios políticos y esto porque hay Estados porque protegen a grupos rivales de la delincuencia y seguimos sin tener una estrategia de seguridad y cada localidad tiene su acuerdo con un determinado grupo y de ahí todas estas expresiones de violencia”, señala. Una complejidad que se exacerba en un tablero con más de 2.400 municipios en el país.
El director general de Etellekt Constultores apunta que tras el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, suman 60 los ediles asesinados en el Gobierno de López Obrador: 18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos. De acuerdo con su monitoreo, esto supone un aumento del 25% respecto a los ediles víctimas de homicidio durante el sexenio de Felipe Calderón. La muerte de Marín Sánchez engrosa las estadísticas de violencia contra legisladores locales: a la fecha han sido ultimados ocho diputados –titulares y suplentes- en esta Administración.
