CDMX.- El Senado mexicano ha aprobado la tarde de este miércoles el “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue avalado con 72 votos a favor y recibió 50 en contra, sin ninguna abstención. Lo aprobado ha dejado fuera la polémica cláusula de la “vida eterna”, una premisa que permitía que entre partidos de una misma coalición se puedan transferir votos y que fue impulsada por los aliados de Morena: el Partido Verde y el Partido del Trabajo. La oposición, que ya se preparaba para marchar el próximo domingo a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), ha lamentado la aprobación de la propuesta, que ahora será enviada al Poder Ejecutivo para ser promulgada.
Con el aval de este miércoles, el presidente ha logrado concretar su “plan B” a la iniciativa original para modificar el sistema electoral mexicano. Una primera parte relacionada con la propaganda gubernamental ya había sido aprobada a finales del año pasado. Pero este segundo grupo de modificaciones a las leyes se vio envuelto en el escándalo a partir de la cláusula, que en términos prácticos dificultaba la desaparición de partidos políticos con poco apoyo electoral. La discusión sobre este punto generó una demora en la aprobación, que el oficialismo esperaba sacar adelante el pasado diciembre y recién lo ha logrado este miércoles.
Las comisiones del Senado discutieron y aprobaron esta misma semana el proyecto para sacar adelante de manera práctica todas las leyes en las que había consenso y dejar el artículo de la “vida eterna” para tratar en posteriores discusiones legislativas, como contó este periódico el pasado lunes.
El proyecto aprobado este miércoles impactará directamente en el INE que se prepara este año para los comicios en dos Estados —Estado de México y Coahuila— y, dentro de un año y medio, las elecciones presidenciales. El árbitro electoral había reclamado que la reforma de López Obrador implicaba un drástico recorte en el presupuesto del organismo, que a su vez se traduciría en unos 6.000 despidos. Algunos de los consejeros incluso habían asegurado que tal medida podía llegar a poner en riesgo la organización de los procesos electorales.
