CHETUMAL.- A unos días de su primer informe de Gobierno, la gobernadora Mara Lezama, ha solicitado al Congreso del estado, a fin de mejorar la eficiencia financiera, la autorización de un crédito de casi 20 mil millones de pesos para reestructurar o refinanciar la deuda pública de Quintana Roo a largo plazo, por un plazo de hasta 30 años.
Este lunes, la XVII Legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto enviada por el Gobierno de Quintana Roo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por conducto de su titular, Eugenio Segura, para su análisis y posible dictamen.
El documento turnado por la Sefiplan solicita la autorización del Poder Legislativo para “contratar por un plazo de hasta 30 años, uno o varios financiamientos con una o varias instituciones financieras mexicanas, hasta por un monto de 19 mil 625 millones 687 mil 171 pesos con 57 centavos, que serán destinados al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa del estado de Quintana Roo que se encuentre vigente”.
La autorización contempla “constituir, modificar y/o extinguir fuentes de pago, garantía u otros mecanismos de apoyo y/o soporte financiero; de igual manera, autorizar un monto para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago”.
El documento cita que el objetivo es mejorar la eficiencia de algunos financiamientos que conforman la deuda pública directa de largo plazo, que ha sido uno de los principales retos para las finanzas públicas.
Y es que a pesar de que el saldo global se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años (alrededor de los 19 mil millones de pesos), el tamaño relativo de la deuda ubica a Quintana Roo como el estado más endeudado respecto al PIB estatal (5.9%), el tercero con mayor deuda per cápita (12,528.3 pesos per cápita), y el tercero con mayor porcentaje de deuda respecto a las participaciones estatales (128.7%).
De acuerdo a la solicitud del Gobierno del estado, la posibilidad de reestructurar la deuda pública directa representa la oportunidad de eficientar el uso de los recursos públicos, que permitiría al estado una serie de ventajas, una mejora en las tasas de interés, mejor perfil de pago alienado con las necesidades de Quintana Roo y mejora de plazos para beneficio de las finanzas estatales.
