CANCÚN.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano manifestó su rechazo a la iniciativa de ley para cobrar impuestos por derechos de autor a los empresarios de Quintana Roo.
La propuesta es impulsada por el diputado Hugo Alday; se trata de una iniciativa para modificar la Ley de Hacienda de los municipios, en la que se pretende añadir un artículo que vincule la concesión de una licencia de funcionamiento comercial al hecho de tener firmado un convenio con alguna de las sociedades de gestión colectiva que representan autores y compositores.
Este organismo, conformado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la Asociación de Hoteles de Tulum, la Asociación de Hoteles de Cozumel, la Asociación de Hoteles del Sur de Quintana Roo, la Asociación de Hoteles de Costa Mujeres, la Asociación de Hoteles de Holbox y la Asociación de Clubes Vacacionales, representa a más de 125,000 habitaciones en el Estado.
Denunciaron que esta iniciativa que violenta la ley. «De ninguna manera se puede coartar el derecho constitucional de los actores empresariales a ejercer su función de crear riqueza y desarrollo, condicionándolo a que tengan un convenio con una asociación de índole privado cuyos medios de cobro, si es que les asisten, se deben realizar y demostrar en los tribunales de orden civil», expresaron en rueda de prensa, liderados por Toni Chaves, actual líder de este Consejo Hotelero.
Agregaron que el legislador no puede de ninguna manera obligar a un comerciante a firmar un contrato con otro particular para permitirle funcionar, las relaciones comerciales entre particulares se dirimen en el orden judicial.
«No queremos entrar en las razones por las cuales se presenta esta iniciativa, en la que se pretende favorecer a unos particulares y otorgarles el peso y el status de autoridad que emita requisitos para validar o no a las empresas a realizar su función, pero esta iniciativa es violatoria del principio de igualdad, no se puede imponer a una empresa la obligación de firmar un contrato con otra, y más, cuando esta otra no ha demostrado la verosimilitud de su reclamo como lo demuestra buscando esta argucia política para conseguir lo que pretende».
Acusan que «antes las inconsistencias de los reclamos de estas sociedades de gestión para hacer valer sus derechos, se pretende que el poder político al servicio de sus intereses les facilite lo que no han podido conseguir por la vía legal».
