CDMX.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió dejar de pagar el sueldo a los trabajadores públicos que secunden el paro de labores contra la reforma judicial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el que se ordena suspender el sueldo de los trabajadores que se unan a la huelga.
Por su parte, López Obrador ha tratado de rebajar la tensión este jueves y ha asegurado que no habrá despidos. También ha llamado a los manifestantes a que recapaciten. “Estoy a favor de los trabajadores y de que se manifiesten libremente. Nada más que apliquen el método de la autocrítica, que no caigan en la autocomplacencia y que no se dejen manipular”, ha dicho en su conferencia matutina. Pese a estas afirmaciones, el presidente ha insistido en que la huelga “es ilegal”, igual que lo menciona Hacienda en su comunicado.
Este miércoles más de 1.200 jueces y magistrados se unieron al paro parcial de los trabajadores del Poder Judicial en casi una veintena de Estados del país. El bloqueo de los tribunales en México vuelve aún más complicado el acceso a la Justicia y lanza un órdago al Gobierno que planea aprobar el dictamen de la reforma después del arranque de la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.
El Consejo de la Judicatura anunció que mientras dure el paro se mantendrá un régimen de servicios mínimos para atender los casos más urgentes. “La reforma no solo es una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes”, señaló la portavoz de la JUFED, la jueza Juana Fuentes Velázquez.
Desde la Secretaría de Hacienda se argumentan una serie de errores técnicos por parte del Consejo de la Judicatura al dar a conocer su decisión. El documento, publicado por El Universal, señala que el paro de labores no se hizo conforme a lo dispuesto en la ley, por lo que si un trabajador deja de asistir a su puesto podría ser considerado como una “falta injustificada” y dejaría de percibir su salario. Hacienda también acusa al CJF de no conminar a los trabajadores públicos, sindicalizados o a los titulares de órganos jurisdiccionales a no “generar perjuicio grave a la sociedad con la suspensión indefinida de sus actividades”.
El escrito agrega que impedir el paso a las sedes judiciales que se encuentran bloqueadas representa una “falta grave” y que dichas acciones pueden suponer descuentos en la nómina, procedimientos disciplinarios e incluso cese en cargos y nombramientos. “Los del Poder Judicial saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial, quien tiene que ver eso es el Consejo de la Judicatura”, ha insistido López Obrador este jueves. En el documento, Hacienda recuerda al CFJ que de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto es su responsabilidad pagar las remuneraciones de sus empleados “siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones” y que la suspensión de actividades en órganos jurisdiccionales en México es ilegal.
Mientras los jueces acusan a López Obrador de querer acaparar la justicia en beneficio de su Gobierno, el presidente ha declarado que la reforma es necesaria para acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Los jueces y los magistrados han señalado que el paro de labores es “una respuesta extrema” ante “una amenaza extrema”. El presidente, por su parte, ha invitado a los huelguistas a que reflexionen. “Hago un llamado a los que se están manifestando recapaciten, que entren en razón, que no se dejen manipular”, ha dicho este jueves.
La reforma judicial forma parte de un paquete de 20 medidas presentadas por el presidente López Obrador para modificar la Constitución. Entre sus puntos están elegir a los jueces y magistrados por voto popular; reducir de 11 a nueve a los ministros de la Suprema Corte; sustituir el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la actuación de los jueces y crear nuevas reglas procesales, entre las que destacan prohibir suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, entre otras.
“Reforma sí, pero no así”, defienden los trabajadores que secundan la huelga. Hace unos días, jueces y magistrados llamaban al Gobierno a dialogar antes de que se apruebe la iniciativa. “La reforma no solo es una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes”, señaló la portavoz de la JUFED. Mientras tanto, el proyecto ha impactado en los mercados financieros y ha tensado las relaciones con Estados Unidos, ante la insistencia de los inversores de tener garantías judiciales claras.
