CDMX.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja en el diseño de una propuesta a Washington para lograr un acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos, con el objetivo de disminuir la violencia en México, evitar el tráfico de armas y, al mismo tiempo, evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos.
Para ello, la mandataria informó que solicitó a un equipo de abogados realizar un análisis en torno de cuáles son las implicaciones económicas para México de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para catalogar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas internacionales.
Sheinbaum Pardo, en declaraciones en su conferencia del viernes pasado, dijo que “las decisiones unilaterales” del gobierno del presidente Trump “no ayudan” al combate a los cárteles del narcotráfico, sino la colaboración y la coordinación.
“Y en todo caso, hacerle un planteamiento a Estados Unidos, que es lo que estamos trabajando, de cómo colaborar juntos, cómo coordinarnos para disminuir la violencia en México, evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México y, al mismo tiempo, evitar que llegue esta droga a Estados Unidos o a cualquier joven de cualquier lugar del mundo”, anunció.
De acuerdo con un análisis de la firma FTI Consulting, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no sólo tendrá implicaciones políticas y de seguridad nacional, sino también impactará a las empresas vinculadas a México, ya que cualquier pago o asistencia logística a los cárteles podría interpretarse como apoyo a grupos terroristas, lo que conlleva al embargo de activos, cargos penales y multas significativas.
Para FTI Consulting, al declarar a los cárteles como terroristas, además “se aplicarían sanciones penales severas si se descubre que una empresa realiza negocios con otra asociada con una organización terrorista extranjera. Este también sería el caso si se pagaran rescates, extorsiones o tarifas de protección, con excepciones por actuar bajo coacción”.
Ante ello, de acuerdo con la Presidenta, el análisis jurídico que se realiza tiene que ver con qué tipo de implicaciones tendría para diversas organizaciones que, aunque no están vinculadas con las organizaciones criminales, pudieran, con la decisión del presidente Trump, enfrentar “un problema económico”.
“Tenemos un equipo de abogados que está haciendo el análisis, por las implicaciones diversas que pudiera tener”, dijo la mandataria.
