CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, son investigados por autoridades de Estados Unidos y presuntamente les fue retirada la visa estadounidense, de acuerdo con un reportaje publicado este miércoles por el diario Los Angeles Times.
Según la publicación, ambos mandatarios estatales enfrentarían investigaciones de carácter penal. El medio estadounidense señala que Durazo es investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que Villarreal sería indagado por presuntas actividades relacionadas con el contrabando de combustible, conocido como huachicol.
El reporte añade que los dos gobernadores habrían perdido sus visas estadounidenses como consecuencia de dichas investigaciones. Asimismo, sostiene que ambos ingresarían a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial denominado “libertad condicional por beneficio público significativo”, una figura migratoria utilizada en determinados casos de cooperación con autoridades de ese país.
La información generó una inmediata reacción de los gobiernos de Sonora y Tamaulipas, que rechazaron los señalamientos. A través de redes sociales, la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, aseguró que Alfonso Durazo cuenta con una visa vigente y que no ha sido notificado sobre ninguna investigación por parte de autoridades estadounidenses.
Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, calificó como falsas las afirmaciones difundidas por el diario estadounidense y afirmó que no existen documentos, expedientes o resoluciones que respalden las acusaciones.
El caso se suma a la controversia generada en los últimos meses por reportes sobre la cancelación de visas a funcionarios y políticos mexicanos. De acuerdo con diversas publicaciones periodísticas, el gobierno estadounidense habría retirado permisos migratorios a decenas de servidores públicos como parte de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción o vínculos con organizaciones criminales.
Hasta el momento, ninguna autoridad de Estados Unidos ha emitido un posicionamiento oficial público sobre las presuntas investigaciones o la situación migratoria de los gobernadores señalados.
