VILLAHERMOSA.- El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado por su cercanía con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, ha recibido más de 40 millones de pesos del Poder Judicial de la Federación (PJF) por el arrendamiento de un inmueble en Villahermosa, Tabasco, de acuerdo con contratos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El edificio, ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta 1122, en el complejo Tabasco 2000, alberga a los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. El contrato original fue firmado el 1 de mayo de 2018 a través del entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con una renta mensual inicial de 702 mil 570 pesos, incluyendo mantenimiento, aunque los primeros tres meses no fueron cobrados por adecuaciones al inmueble.
Posteriormente, una modificación firmada en octubre de 2019 elevó el pago mensual a 715 mil 568 pesos, ajuste solicitado por el propio arrendador. En los primeros nueve meses, el PJF habría pagado más de 6.3 millones de pesos, mientras que en los siguientes cuatro años el monto ascendió a 34.3 millones, para un total de 40.6 millones de pesos en cinco años. No obstante, registros oficiales reportan variaciones que sitúan el gasto entre 48.8 y 54.8 millones de pesos.
El contrato contemplaba una vigencia inicial hasta el 30 de abril de 2023, con posibilidad de extensión automática si el inmueble seguía en uso. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, el arrendamiento fue ampliado mediante convenios hasta marzo de 2025, seguido de un nuevo contrato hasta diciembre del mismo año y un tercero vigente desde enero de 2026, sin que se precisaran los montos actuales.
El acuerdo original fue firmado por funcionarios del CJF como Miguel Francisco González Canudas, Salvador Robles Cruz y Alfredo Jesús Arriaga Uribe. La modificación de 2019 fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, junto con Rodrigo de Zulueta Rodrigo y Adrián Valdés Quirós. Ríos Camarena fue señalado en 2021 por presuntas irregularidades en contrataciones, aunque fue exonerado en 2022 por la Fiscalía General de la República. Por su parte, De Zulueta Rodrigo ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con una trama de lavado de dinero.
De manera paralela, el empresario ha sido objeto de señalamientos mediáticos. El portal Latinus lo identifica como presunto prestanombres de Andy y Gonzalo López Beltrán, además de vincularlo con proyectos inmobiliarios, contratos en obras como el Tren Interoceánico y suministro de materiales. Asimismo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que una de sus empresas obtuvo contratos por más de 490 millones de pesos entre 2020 y 2022 por parte del INSABI en Quintana Roo y Tabasco.
